Se trata de la toma Calicheros, ubicada en el sector Pompeya Sur de Quilpué. La cartera pidió auxilio de la fuerza pública para cumplir con la orden judicial.
Por Leonardo Núñez
El 29 de agosto pasado, se formó una mesa de trabajo entre el Servicio de Vivienda y Urbanización y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, con la finalidad de ejecutar la demolición de la toma Calicheros, cuyo terreno le pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario colombiano en mayo de 2020.
El crimen de Correa –cuyo origen fueron sus tratativas para que se desaloje su terreno, ubicado en el sector Pompeya Sur de Quilpué–, fue bullado debido a la frialdad del asesinato ocurrido afuera de su casa en Concón (caso que concluyó con el autor intelectual y un tercer participante, condenados a penas de entre 16 y 28 años de presidio).
Desde entonces los cercanos al empresario han perseguido el desalojo del terreno, hecho que finalmente ocurrirá este mes, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el recurso de protección, que apuntó a la seremi de Vivienda para exigir la ejecución de su propia orden de demolición de las casas construidas en el terreno tomado por usurpadores.
El tribunal de alzada le ordenó hacerlo en un plazo máximo de 30 días.
En este escenario es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó diversas reuniones con los habitantes de la toma ilegal, con el fin de notificarles la orden de desalojo emanada desde el tribunal de alzada porteño. En paralelo, la cartera publicó las bases de una licitación para los trabajos de dicha demolición.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso, la Seremi Belén Paredes, sostuvo que “como ministerio hemos cumplido con lo que nos ha mandatado la Corte de Apelaciones de notificar la orden de demolición y ahora procederemos al restablecimiento de la legalidad urbanística de este inmueble con el desarme de las construcciones irregulares dentro de las próximas semanas”.
“También, nos hemos reunido con los representantes residentes en este lugar para dar cuenta del proceso, así como de la coordinación que se ha generado con el resto de las instituciones para poder asegurar la integridad de las familias y que esta medida se realice con respeto a su integridad y resguardo de los derechos fundamentales de cada persona, que se está abordando en la mesa intersectorial que se ha conformado para estos efectos”, agregó la autoridad.
Paredes también solicitó el auxilio de la fuerza pública en este cumplimiento y la colaboración del Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Interior, para la coordinación interministerial destinada al resguardo de las familias.
Junto con los antecedentes relativos al proceso de desarme, los dirigentes fueron informados que entre el próximo martes 9 y viernes 12 de septiembre, entre las 9 y 17 horas y el viernes hasta las 16 horas, se dispondrán módulos con orientaciones sociales en el municipio de Quilpué, de manera que las familias que habitan esta toma puedan acercarse y recibir orientación e información en base a la caracterización socioeconómica de cada grupo.
Del mismo modo, se dispondrá de un operativo de salud durante el desarme para las familias de este sector. Además, en los próximos días se sostendrá una reunión con los propietarios de los terrenos para dar cuenta de las gestiones realizadas y también abordar el proceso de demolición.
