La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y del Serviu de la Región de Valparaíso, de demoler viviendas levantadas ilegalmente en los terrenos de la familia Correa en Quilpué, refleja varias dimensiones del rol del Estado en la regulación, control y gestión del territorio y de la vivienda.

Una es desde la óptica donde el Estado, a través de las instituciones como el MINVU y el Serviu, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del Plan Regulador Comunal y otras normativas urbanísticas. La declaración de ilegalidad de las construcciones en junio de 2021, indica un cumplimiento de esta función, al asegurar que las construcciones se alinean con las normas establecidas para el ordenamiento del territorio.

Así, como también, se puede observar desde el control y fiscalización, porque la orden de demoler las viviendas ilegales es una muestra clara de la responsabilidad del Estado en el control que busca evitar la proliferación de construcciones informales que afectan la planificación urbana, la seguridad, el medio ambiente y la calidad de vida de la comunidad.

Además, en un sistema como el local convergen ciertas visiones de cuál es el rol del Estado ante la necesidad de regulación, y es que dentro de sus funciones, está la de proteger los derechos sociales y humanos, incluyendo el derecho a la vivienda digna. La demolición de viviendas levantadas informalmente puede generar vulneraciones en estos derechos, especialmente si los afectados no tienen acceso a soluciones alternativas o a una regularización

Desde estas bases: ¿Se contradice una república democrática con acciones en la línea paternalista? La intervención del Estado en la demolición de viviendas ilegales en los terrenos de la familia Correa en Quilpué, sólo refleja el doble rol de regulador y protector del orden urbano, asegurando el cumplimiento de las normativas y fomentando una planificación ordenada del territorio.

Sin embargo, también evidencia la necesidad de equilibrar la aplicación de la ley con la protección de derechos sociales, promoviendo soluciones habitacionales inclusivas y sostenibles que eviten vulneraciones a las poblaciones afectadas. La gestión de recursos públicos en estos procesos debe orientarse a alternativas que minimicen el impacto social y fomenten la integración urbana, fortaleciendo así su legitimidad y efectividad.