Dado que el subsidio surge como un instrumento para poder sopesar las imposibilidades de obtener la casa propia para un sector socio económico, producto de los topes crediticios y otros factores, que se han transformado en infranqueables de un período a la fecha, lo lógico es que el Estado desplegara todos los esfuerzos para poder generar mayores herramientas en beneficio de la educación financiera e inmobiliaria.
Si bien se entiende que existen variables que complejizan el panorama, como la eterna especulación del suelo que siempre se mantiene e incrementa la inequidad en la distribución de bienes, deberían ser precisamente, los servicios públicos lo que velen y se encarguen de resguardar los derechos sociales y el bien común.
Sin embargo, no llegan los subsidios habitacionales como instrumento único para saldar las deudas sociales y económicas, y es más, se visibilizan cada día las fallas en las políticas habitacionales, territoriales y urbanas. Crece la precarización del hábitat de manera exponencial y surge la duda sobre si este tipo de aportes económicos son o no suficiente por sí mismo, o si es la falta de educación la que los hace poco eficientes.
¿Cómo es que si existen subsidios para compras de viviendas social diversificado en diferentes rangos según la clasificación socioeconómica, las tomas y campamentos siguen proliferando y representan una de las puntas más peliagudas del iceberg?: Inexplicable.
Y es que es evidente que el mercado formal se ha vuelto cada vez más inaccesible, producto del aumento abismante de los precios de las viviendas y del suelo en las urbes, donde la oferta de nanoviviendas o de espacios reducidos, han proliferado en el mercado informal con precios que responden a una clara necesidad de sobrevivencia, pero con un crecimiento de 0,2% del PIB, la precarización del empleo y el gran flujo migratorio a las ciudades, no existe luz al final del puente que pueda dar esperanzas.
Parte del análisis tiene que ver con las transferencias del Estado a privados, ya que con el caso de las fundaciones se visibilizaron públicamente irregularidades y la poca eficacia de los programas de subsidios para reducir el déficit habitacional encabezado el Minvu, que lleva por cierto, 40 años en funcionamiento y que a la fecha no logra mermar la brecha de acceso a la vivienda.
¿Qué está pasando?; ¿Cómo un modelo subsidiario con tantos años de funcionamiento no muestra números felices?; ¿Hay mecanismos de seguimiento veraz y transparentes que puedan dar cuenta de los resultados en el impacto social a nivel país?.
En definitiva, en plena emergencia habitacional por la crisis de la vivienda, reconocida por todos los sectores políticos, las soluciones que se continúan implementando sólo hablan de un modelo fallido.
Por lo pronto, y ad portas de los próximos llamados para postular a los subsidios 2024, se requiere reforzar urgentemente el despliegue para informar y educar a la población, de lo contrario, se presagian mayores niveles de desigualdad a los que hemos visto en las últimas 4 décadas.
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