Desde 2023 que la Comisión de Vivienda del Senado, está discutiendo la posibilidad de acotar los tiempos en la construcción en cuánto a lo que respecta a proyectos habitacionales. A la fecha la iniciativa ya pasó a segundo trámite y pretende modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de plazos y sanciones por incumplimiento.
La Ley General, contiene todos los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y normas, que manda en las instituciones y bajo las cuáles los funcionarios, profesionales y particulares, deben regirse para planificar la urbanización y construcción. ¿Qué significa, entonces, esta iniciativa para el sector? Acortar tiempos en la construcción de conjuntos habitacionales y reducir plazos, permitiría en simple: disminuir costos y promover nuevamente la inversión y el empleo en la construcción.
También promueve una clara ventaja competitiva, atrayendo más proyectos e inversión; mayor satisfacción de los clientes, al permitir disponibilizar más pronto los espacios; eficiencia operativa y menor riesgos asociados a los retrasos, como podrían ser los cambios en las condiciones del mercado por razones políticas u otras, interrupciones por afectación climática como las que hemos vivido en este temporal, problemas de financiamiento o por imprevistos varios.
Con estas bases nadie debería cuestionar que necesitamos mejoras significativas. Los cambios en la ley que regula la planificación urbana y la construcción de edificaciones, deben lograr agilizar los plazos, así como también, establecer sanciones más estrictas a los infractores. Esto podría implicar la imposición de multas más altas o la adopción de medidas más severas en caso de incumplimiento, pero si funciona mejor el mercado, todos debemos correr los riesgos.
Así es, todos debemos correr la exposición de los cambios, incluso las instituciones a cargo de fiscalizar, pues en la propuesta también se busca agilizar los trámites y procedimientos para obtener los permisos y licencias necesarias, con el fin de fomentar el desarrollo ordenado de las ciudades y garantizar la seguridad de las edificaciones.
Además, se está considerando la implementación de incentivos para promover la construcción sostenible y el uso de materiales y tecnologías amigables con el medio ambiente, lo que sería un paso importante y urgente para los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. En resumen, se espera que estos cambios contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a crear entornos urbanos más seguros, eficientes y sostenibles.
