El veto que ingresó el Presidente Gabriel Boric para modificar la ley que endurece las penas contra las usurpaciones de propiedades, es un claro ejemplo de las contradicciones con las que el Gobierno ha ejecutado su mandato. Ya que, si bien, la agenda de seguridad nunca fue parte del proyecto de la izquierda más radical, la contingencia nacional ha ido exigiendo un evidente revés en este ámbito.
Ha sido, entonces, el aumento de la delincuencia que ha llegado, incluso, a ubicarnos en el número 86 en el índice global de crimen organizado y octavos en el caso de tan sólo 12 puestos en América del Sur, que en la agenda pública se comenzara a marcar fuerte las problemáticas como inmigración y el conflicto en la Araucanía, con un tono bien distinto al entonces otrora Unidad para Chile (UPCh), se candidateara.
Así fue que en septiembre la ministra Carolina Tohá, manifestara que la agenda de seguridad se jugaría el famoso “fast track legislativo”, definido en tres plazos para aprobar proyectos, entre los que destacaron: la creación del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana; el mayor control fronterizo; y la creación de una institucionalidad en materias de inteligencia y ciberseguridad.
Sin embargo, el vuelo ha estado un poco turbulento y con él las pocas ganas de poder negociar, luego que las diversas modificaciones que introdujo el Ejecutivo fueran rechazadas en la comisión, lo que llevó a que este ingresara el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones con el fin de evitar instaurar el “autotutelaje” y la “justicia por mano propia”, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.
Ante este panorama, evidentemente se levantaron las alertas y la oposición acusó intransigencia, dado que el veto hará casi inviable que el delito de usurpación sea modificando en el Código Penal, sin lograr su cometido de permitir castigar con penas privativas de libertad y facilitar la detención de los ocupantes.
Por su lado, el Gobierno se defiende asegurando que busca revertir la legítima defensa privilegiada, para evitar posibles confrontaciones entre individuos. Y quizás, haciendo honor a lo que se condice a un Estado paternalista, el Ejecutivo tienen razón respecto a que este tipo de medidas no son congruentes ni sostenibles, pero dado que la sensación de inseguridad sigue subiendo y con ella la falta de dote de Carabineros, sigue mermando la calidad de vida de los chilenos: ¿cuáles serían, entonces, las posibles soluciones?
Es cierto que en junio de este año se despachó a Cámara del Senado el proyecto que propicia el aumento de la dotación policial en terreno. Empero, esta necesidad no se ve reflejada aún en las calles a lo largo de nuestro país y la realidad es que los proyectos no tienen la capacidad de urgencia ni de inmediatez, que requiere la realidad nacional, por lo que el concepto de libertad individual se comienza a percibir para el ciudadano común, más bien como un privilegio que un derecho.
“Otra cosa es con guitarra”, lo sabemos, pero a falta de propuestas y la contradictoria demora del “fast track legislativo” en materia de seguridad, la idea de poder vivir en semejanza a algunos Estados dentro de EEUU, donde una persona puede hacer uso de la fuerza letal contra alguien que ingresa a su hogar de forma ilícita, gracias a “la doctrina Castle” que permite que las personas defiendan sus hogares contra intrusos, lo que permite por ejemplo, que en varios barrios puedan vivir sin rejas en sus patios, no parece ser tan descabellado.
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