Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios.
El sector de la construcción en Chile enfrenta una fuerte crisis de empleo sostenida, con al menos 170 mil puestos de trabajo por debajo de su potencial. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), advirtió que la falta de inversión, la debilidad de la economía y el deterioro del mercado inmobiliario habitacional, han afectado significativamente al rubro, y que sumado a los recortes presupuestarios en infraestructura, la situación está perjudicando a las nuevas viviendas y a la ejecución de proyectos públicos.
Conforme a una entrevista al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el mes pasado, éste señaló que actualmente trabajan en la construcción alrededor de 720.000 personas, lejos del peak prepandemia de más de 800.000 trabajadores.
La caída del empleo en el sector se debe a varios factores, entre ellos: una menor inversión en vivienda y menor compra de propiedades, generando una reducción en la actividad en el sector; el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas sufrió un recorte de US$800 millones en 2024, existiendo incertidumbre sobre el financiamiento en 2025; y, la inflación y el alza en los materiales de construcción, agravadas por la crisis global y la guerra en Ucrania, han dificultado la recuperación del sector.
Para revertir esta crisis y reactivar el empleo, se estima que es necesario un plan estratégico que incluya medidas de corto y mediano plazo, tales como por ejemplo: incentivar la compra de viviendas, la CChC propone que el proyecto de ley de subsidio a la tasa hipotecaria pueda reactivar la venta de propiedades, tanto del stock disponible como de nuevas obras, permitiendo un mayor flujo de inversión en el sector y aumentando la demanda de mano de obra.
Otra medida sugiere proteger el presupuesto de infraestructura, mediante la aprobación de leyes que aseguren el financiamiento de proyectos de infraestructura, evitando recortes que afecten la generación de empleo. Se estima que hay más de 2.350 proyectos públicos listos para licitarse, lo que significaría la creación de 50.000 puestos de trabajo mensuales.
Adicionalmente, parece del todo necesario la implementación de garantías estatales para créditos a constructoras, lo que permitiría que las empresas puedan continuar sus operaciones sin verse afectadas por la falta de liquidez.
Finalmente, la reducción de costos de materiales para la construcción vía acuerdos del Estado con proveedores internacionales para reducir el costo de importación de materiales clave, como acero y cemento, ayudarían a fomentar la competitividad en el sector.
El futuro del empleo en la construcción depende de medidas urgentes para incentivar la inversión y evitar recortes en infraestructura. Sin estas acciones, el sector continuará con una desaceleración que afectará a miles de familias que dependen de la construcción para su sustento. La clave es la colaboración público privada para recuperar la actividad y fortalecer uno de los motores clave y termómetro de la economía nacional.
