Por: Enrique García, Socio administrador Corral & García Abogados.
Hace unas semanas fue publicado el Economic Freedom of the World: 2024 Annual Report del Fraser Institute. Se trata de una reconocida clasificación de libertad económica que, analizando diversos factores, mide el grado en que las políticas e instituciones de los países permiten a las personas tomar sus propias decisiones financieras.
En esta ocasión, lamentablemente, los resultados no fueron los mejores para Chile. Con un puntaje de 7.45, y situándose en el lugar 39 entre 165 países, el último reporte marca el peor desempeño de nuestro país en más de 30 años.
Así, dentro de los componentes analizados por el estudio, se encuentra la regulación de cada Estado. Para ello, se considera el grado en que ciertas regulaciones restringen la entrada a los mercados y limitan la libertad, observando la regulación empresarial, del mercado crediticio, del mercado laboral y la libre competencia. En dicho ítem, Chile descendió hasta el puesto 81 del orbe, nuestro peor resultado de la medición con 6.58 puntos.
No obstante, se trata de un resultado que no debería sorprender demasiado. En efecto, en los últimos años ha surgido un consenso sobre la reciente falta de inversión, y cómo ciertos obstáculos regulatorios, afectan gravemente a diversos sectores de la economía como el inmobiliario. En parte, debido a demoras excesivas en la tramitación de permisos, incumplimiento de plazos, baja digitalización y abundante burocracia.
Aun así, se trata de un desafío que podemos resolver, siempre que se tomen las decisiones correctas para encauzar el rumbo lo más pronto posible. Por ejemplo, es destacable que en el ámbito legislativo, se estén haciendo múltiples esfuerzos para sacar adelante la tramitación de sendos proyectos de ley orientados a resolver ciertos nudos sectoriales.
Una de estas iniciativas es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca establecer un marco normativo que cree una nueva institucionalidad en la materia. De acuerdo con el Gobierno, esta regulación promete reducir los tiempos de tramitación de proyectos de mayor envergadura en torno al 30% y hasta en un 70% para pequeñas empresas.
Asimismo, entre sus innovaciones, destaca la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, la incorporación de un Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales y el establecimiento de nuevos principios de buena regulación. Además, la introducción de técnicas habilitantes alternativas -como declaraciones juradas- y la flexibilización del control ex ante, permite simplificar y modernizar la obtención de permisos sectoriales.
De esta forma, el proyecto es un interesante punto de partida que puede representar un significativo avance para el desarrollo de proyectos en el país. Aún existiendo múltiples desafíos, propuestas como estas avanzan en el sentido correcto. El hecho de que el proyecto haya superado exitosamente y de forma transversal el primer trámite constitucional en la Cámara es una señal positiva. Con la dirección adecuada, Chile puede retomar la senda de la inversión y recuperar su posición como uno de los líderes mundiales en libertad económica.
