Por: Nicolás Herrera C., CEO Inciti.
Hace un tiempo se aprobó en el Congreso la postergación del proceso de reavalúo de la serie no agrícola correspondiente a 2026. La decisión se produce luego de una serie de críticas y cuestionamientos originados por aumentos desproporcionados, en las contribuciones que han enfrentado algunos contribuyentes.
Buena parte del debate se ha centrado en la supuesta opacidad del cálculo del avalúo fiscal. Sin embargo, este argumento resulta solo parcialmente correcto. El avalúo se compone de dos elementos, el valor de las construcciones y el valor del suelo. En el primer caso, el método de cálculo es relativamente conocido, estandarizado y debidamente documentado. En cambio, en el componente asociado al suelo persisten importantes déficit de información, trazabilidad y transparencia.
Ahora bien, para abordar adecuadamente esta discusión es necesario poner el debate en perspectiva. En rigor, el avalúo fiscal por sí solo no debiera ser el principal problema en el cálculo de las contribuciones. El monto final a pagar no depende únicamente del avalúo, sino también de la tasa de contribución, una herramienta que podría amortiguar alzas abruptas en la carga tributaria. Sin embargo, la actual Ley de Impuesto Territorial limita el uso de este instrumento.
En la práctica, la discusión reciente ha profundizado poco en este parámetro. Sin embargo, la tasa de contribución podría cumplir un rol más activo en futuros procesos, ayudando a moderar el crecimiento de las contribuciones, que es en definitiva el problema central, en lugar de concentrar el debate exclusivamente en el avalúo fiscal.
Con todo, el núcleo del problema sigue estando en el componente del valor del suelo. La Ley de Mercados de Suelo instruyó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a desarrollar un Observatorio de Precios de Suelo, precisamente para dotar de mayor información pública y sistemática a este proceso. Sin embargo, aquello no ocurrió como se esperaba. En los hechos, dicho observatorio terminó siendo controlado por la misma institución encargada de fijar las contribuciones, debilitando su rol técnico y su necesaria independencia.
La postergación del reavalúo abre una oportunidad que no debiera desaprovecharse. El debate debiera concentrarse en al menos dos acciones: reformular la Ley de Impuesto Territorial para adecuarla a la realidad actual del mercado de la vivienda y del suelo, y fortalecer el Observatorio de Suelo, asegurando su independencia institucional, transparencia metodológica y acceso abierto a la información.
