El 27 de septiembre de 2024, se publicó un decreto clave para el sector inmobiliario en el Diario Oficial de la República de Chile. Este decreto, firmado por el Presidente Gabriel Boric y el Ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo la prórroga de más de 300 permisos de construcción que no hayan iniciado obras. Esta prórroga es de 18 meses adicionales desde la entrada en vigor de la norma.
La modificación surge como respuesta a las dificultades económicas y logísticas provocadas post pandemia, que han retrasado la ejecución de proyectos de construcción. Este cambio ofrece un respiro a los desarrolladores, quienes ahora cuentan con más tiempo para iniciar las obras, sin que sus permisos caduquen automáticamente.
La extensión de los plazos tendrá varias repercusiones. En primer lugar, evita la caducidad de cientos de permisos que estaban en riesgo debido a la inactividad prolongada. Esto garantiza que proyectos en diversas etapas de planificación no deban reiniciar complejos trámites burocráticos.
En segundo lugar, la medida favorece la estabilidad del sector, permitiendo que los costos asociados a las obras se puedan manejar con mayor flexibilidad. Esto es especialmente relevante considerando los recientes aumentos en los precios de los materiales y las interrupciones en la cadena de suministro. Al evitar una presión innecesaria sobre los plazos, la prórroga incentiva una planificación más eficiente y evita una posible caída de la oferta en el corto plazo ingresando casi 70.000 nuevas viviendas.
Finalmente, para los inversionistas y compradores, esta prórroga podría tener un efecto indirecto en la estabilización de los precios inmobiliarios, ya que se disminuye el riesgo de sobreoferta o de estancamiento en el desarrollo de nuevos proyectos. Sin embargo, es fundamental que el sector se mantenga atento a cómo esta flexibilidad temporal afecta el ritmo de crecimiento del mercado a largo plazo.
