Por: Carlos Balart, Fundador de Miaminmobiliario.com, Cross-border Commercial Real Estate Advisor.
Hay una idea que avanza en simultáneo en Florida y en Chile, y conviene mirarla de cerca. En noviembre, los floridanos votarán una enmienda que eleva la exención de la vivienda principal de 50.000 a 250.000 dólares, y traza un camino hacia eliminar el impuesto a la propiedad. En Chile, el actual gobierno propone borrar las contribuciones a la primera vivienda, partiendo por los mayores de 65 años. Distinto idioma, mismo espíritu.
Ese espíritu tiene un argumento común y poderoso: que el impuesto a la propiedad convierte al dueño en un arrendatario perpetuo del Estado. Uno compra la casa, pero nunca termina de pagarla. No es casualidad que en ambos lados se invoque el “modelo californiano”, la Proposición 13 de 1978, ni que la vanguardia sean los mismos: propietarios mayores cuyo inmueble se valorizó mientras su ingreso no.
Lo que el inversionista no debe pasar por alto es para quién se diseñó el alivio. En los dos casos, para el residente, no para quien invierte. Florida exige residencia principal establecida antes de fines de 2026; Chile acota el beneficio a la vivienda habitual del adulto mayor. La propiedad de renta, la segunda vivienda y el activo comercial quedan fuera. En un mercado como el del sur de Florida, donde buena parte de los dueños no son residentes permanentes, la distinción no es menor.
Y quedan fuera en un sentido más incómodo: son la contraparte que financia la rebaja. En Florida, el tope al alza anual del avalúo no residencial baja de 10% a 5%, pero el propio Tax Watch advierte que la reforma profundiza un traspaso de carga que ya mueve 10.000 millones de dólares al año, desde la vivienda principal hacia el resto. Se ha deslizado, incluso, reemplazar parte del gravamen por impuesto a las ventas: un tributo que pagan todos, también el arrendatario y el turista.
En Chile, las contribuciones sostienen más de la mitad del fondo que financia a los municipios; eliminarlas obliga a reponer ese dinero desde otra parte, y la discusión ya tantea quién carga con la diferencia.
La lectura prudente es simple. El alivio es real, pero está dirigido al votante-residente, no al capital. El inversionista serio no proyecta el ahorro que no recibirá; modela el costo que sí podría heredar cuando el Estado busque reponer lo que dejó de cobrar. En la política del impuesto a la propiedad, quien no vota en la elección local suele terminar pagando la cuenta.
