
En Greystones, Irlanda, padres y escuelas impulsaron un acuerdo comunitario para retrasar el acceso a smartphones, reduciendo la ansiedad infantil y marcando un precedente internacional. Este año Chile empezó a restringir su uso en las escuelas.
Por Leonardo Núñez
En la ciudad costera de Greystones, ubicada al sur de Dublín, una inusual iniciativa comunitaria ha transformado la vida cotidiana de niños y familias: la prohibición voluntaria del uso de teléfonos inteligentes para menores de 12 años.
El acuerdo, adoptado por padres y escuelas, busca frenar la presión social y los efectos negativos asociados al uso temprano de tecnología.
El caso puede servir como ejemplo en Chile, donde a partir de marzo de este año se prohíbe el uso de celulares y dispositivos personales (smartwatches y tablets) en colegios, desde educación parvularia hasta 4° medio, durante la jornada escolar y recreoa (Ley 21.801). Esto, con el fin de recuperar la concentración, mejorar la convivencia escolar, reducir la violencia y el ciberacoso.
La medida en Greystones surgió en 2023, cuando las asociaciones de padres y los directores de las ocho escuelas primarias de la localidad, decidieron implementar un código común: no permitir que los niños tengan smartphones hasta ingresar a la educación media. La iniciativa también incluyó su restricción en el hogar y en espacios públicos, con el objetivo de generar una norma compartida.
“El hecho de que todos lo hagan facilita mucho decir que no”, explicó Laura Bourne a “The Guardian”, madre de un niño en edad preescolar, destacando que la clave del éxito ha sido la acción colectiva. La estrategia apunta directamente a eliminar la “presión de grupo”, uno de los principales factores que empuja a los menores a solicitar dispositivos a edades cada vez más tempranas.
La iniciativa fue liderada por Rachel Harper, directora de la escuela St. Patrick’s, quien detectó un aumento en los niveles de ansiedad infantil tras la pandemia. Según explicó, niños de apenas nueve años ya pedían teléfonos inteligentes, lo que evidenciaba un cambio acelerado en los hábitos digitales.
Los efectos, según padres y docentes, han sido inmediatos. “Si sé que el 90% de la clase está de acuerdo, me resulta más fácil decir que no”, afirmó Nikkie Barrie, madre de un estudiante. En paralelo, profesores han observado mejoras en la atención en clases y en la interacción social de los alumnos.
Más allá de la experiencia local, el caso ha despertado interés a nivel nacional e internacional. El entonces ministro de Salud de Irlanda, Stephen Donnelly, recomendó replicar el modelo, mientras que el Departamento de Educación elaboró directrices para que otras comunidades adopten iniciativas similares.
El fenómeno se da en un contexto donde el acceso a smartphones ocurre cada vez a edades más tempranas. En Irlanda, el primer teléfono se entrega en promedio a los 9 años, lo que ha intensificado el debate sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental infantil.
Datos recientes del grupo CyberSafeKids indican que un 28% de los niños entre 8 y 12 años ha estado expuesto a contenidos inapropiados en línea, incluyendo violencia o material sexual, mientras que el 63% reconoce que sus padres no supervisan completamente su actividad digital.
La iniciativa, conocida como “Se necesita una comunidad entera”, ha promovido además talleres, encuentros y actividades sin tecnología, fomentando la socialización presencial. Comerciantes locales incluso se han sumado, ofreciendo apoyo a niños que necesiten comunicarse sin depender de dispositivos móviles.
Si bien el acuerdo es voluntario y no todos los padres se adhieren, el alto nivel de participación —cerca del 70%— ha permitido generar una masa crítica que reduce significativamente la presión social. Expertos coinciden en que este tipo de soluciones colectivas podrían ser clave para enfrentar los desafíos de la digitalización en la infancia.