En el marco del “Primer Encuentro de Alcaldes por la seguridad…”, se elaboró un documento con seis acciones sociales y mejoras en infraestructura urbana para la prevención del delito en las comunas.
Por Leonardo Núñez
En un año marcado por la inseguridad en distintos sectores urbanos del país, la necesidad de impulsar cambios llevó al gremio constructor y a los municipios a unirse de forma inédita para tomar la iniciativa y revertir esa situación.
Fue lo que impulsó la realización el pasado mes de mayo del “Primer Encuentro de Alcaldes por la seguridad: construyendo barrios para las personas”, el cual esta semana tuvo un nuevo hito con la entrega de las propuestas que de éste surgieron al gobierno para hacer frente a la ola delictual que vive el país.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, fue quien recibió por parte de representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el alcalde de Renca, Claudio Castro, y la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, un documento con las principales conclusiones del trabajo realizado.
Tras un proceso de sistematización, en el documento se proponen seis acciones de prevención social y situacional, en áreas como la infraestructura urbana, el trabajo con niños, niñas y adolescentes, el uso de nuevas tecnologías, la articulación público-privada y la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado presentes en las comunas.
“Nosotros como Subsecretaría tenemos un plan que desarrollamos año a año y que tiene que ver justamente con entre entregar recursos a los municipios de manera transversal en todo Chile para que puedan desarrollar iniciativas en materia de seguridad. Este tipo de análisis nos va a permitir hacer también una mejor priorización de los tipos de proyectos que se financian”, planteó Leitao.
A su vez, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, valoró la colaboración de los alcaldes y alcaldesas en esta tarea y destacó la importancia de emplear más tecnología para prevenir los delitos. “Valoramos este trabajo realizado por los alcaldes y alcaldesas. Ahora es necesario pasar a la acción, buscando soluciones con el Estado para que los ciudadanos tengan infraestructura habilitante que permita disminuir y sobre todo prevenir hechos de delincuencia”, dijo.
Por su parte, el alcalde Castro de Renca resaltó que uno de los focos del documento que fue entregado a la autoridad es mejorar la infraestructura con la que cuentan los municipios en materia de seguridad.
“Es fundamental a la hora de mejorar las condiciones en la que conviven los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero sobre todo para formar espacios seguros, espacios amables y para disfrutar en familia, y que es una deuda muy importante en Chile”, manifestó.
Querer los barrios: Se aspira a crear entornos urbanos en los que los habitantes quieran vivir y de los que se sientan orgullosos. Se propone: contar con más y mejor infraestructura; embellecer espacios; activar espacios públicos; fortalecer redes de vecinos y más participación ciudadana.
Hacer que las cosas pasen: Alcaldes señalan la necesidad de lograr una respuesta rápida y efectiva a las necesidades comunitarias, clave para la gestión contra la delincuencia, como agilización de procesos administrativos, colaboración intermunicipal, evaluación y seguimiento conjunto y adopción de enfoques de “urbanismo táctico”.
Ganarle los jóvenes a la delincuencia: generar estrategias de intervención social involucrando a vecinos y organizaciones sociales para enfrentar la falta de oportunidades y desintegración del tejido social (programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes; iniciativas que fomenten actitudes pro sociales, programas de mentores comunitarios; Iniciativas de empleo juvenil).
Tecnología como aliada: valorar el uso de tecnología como cámaras de seguridad y vigilancia, pero es necesario contar con un estándar común para su uso eficiente (para ellos es necesario el uso de sistemas de videovigilancia integrados, análisis de datos, estandarización de sistemas y capacitación y protocolos de uso).
Copar los espacios con articulación público-privada: Se propone trabajo colaborativo con diversas instituciones con alianzas público-privadas y en coordinación con las policías para abordar desafíos de seguridad (desincentivar el comercio informal, extensión de horarios comerciales, Sponsoreo de espacios públicos, etc.).
Coordinación dentro del Estado: Necesidad de coordinación tanto entre municipios como con gobiernos regionales ministerios y el Congreso (sistema de información compartida; Programas de Intervención coordinada; Protocolos de acción conjunta).
