El semanario británico llama a atacar la raíz del problema: facilitar el aumento de la oferta con más construcción de viviendas, sobre todo en zonas con presión inmobiliaria por aún de la inmigración.
Por Leonardo Núñez
En la última década el precio de los arriendos de las viviendas en los países desarrollados no ha hecho más que subir. Y la culpa es por la sobre-regulación del mercado inmobiliario que han propiciado los gobiernos.
Esa es, al menos, la conclusión a la que llegó el semanario británico The Economist en su análisis sobre este problema que, ante la imposibilidad de costear los arriendos, ha gatillado manifestaciones en países como España, Irlanda, Gran Bretaña o Portugal.
“Durante la última década, los gobiernos han intervenido sin cesar en los mercados de arriendo para intentar mejorar la vida de los inquilinos. No ha funcionado. A pesar de la caída de la inflación general, los arriendos han seguido subiendo obstinadamente y, según el último recuento, aumentaron aproximadamente un 5 % anual de media en los países desarrollados”, indica el análisis.
En parte, esto reflejaría el impacto retardado de la inflación, ya que los contratos de arrendamiento a largo plazo pueden hacer que los alquileres tarden en alcanzar el nivel de otros precios. Pero, según el medio, “también demuestra que muchas políticas destinadas a aliviar la presión en los mercados de alquiler han estado abordando los síntomas del problema en lugar de la causa. Por lo tanto, han acabado empeorando la situación para quienes pretendían ayudar”.
Como ejemplo, se señala que desde 2015, diversas ciudades y estados han adoptado medidas para controlar los precios de los arriendos de vivienda: “Alemania instauró un índice gubernamental para determinar lo que pueden cobrar los propietarios. El Reino Unido aumentó los impuestos sobre los propietarios. En 2016, Irlanda limitó los aumentos anuales de los alquileres en las ‘zonas de presión del alquiler, es decir, cualquier lugar que sufra escasez, y desde 2021, el límite se ha fijado en la inflación o el 2%, lo que sea menor. España también ha establecido un índice de precios de referencia que sistemáticamente debe quedar siempre por debajo de la inflación y ha limitado el aumento de los alquileres en 2023 en aquellos municipios que se declaren zonas tensionadas”.
Políticas parecidas han adoptados varios estados norteamericanos, como California, Nueva York y Oregón. ¿Frente a ello, qué hacer? Atacar la raíz del problema, propone The Economist: “Estas políticas comparten una misma estrategia: culpar al propietario, algo que, sin duda, es popular. Aunque la verdadera causa de los altos alquileres es la escasez de oferta en muchos mercados inmobiliarios, provocada por los límites a la construcción y las restricciones a los arrendadores”.
Aunque el semanario no cita el caso de Chile, experto locales han consensuado que nuestro problemas de acceso a la vivienda se han agudizado en los últimos años por los retiros de fondos de pensiones aprobados desde el Parlamento. Estos debilitaron el mercado de capitales, impactando el valor de los créditos hipotecarios. A ello se suma la llamada “permisología”, que ha frenado el interés por desarrollar proyectos inmobiliarios. Todo ello, sumado al déficit habitacional que no para de crecer, podría impactar en el precio de la vivienda en los próximos años.
Para “The Economist” la conclusión es clara: “Las regulaciones bien intencionadas no pueden contrarrestar las dinámicas de oferta y demanda subyacentes. La imposición de controles, aunque efectista a corto plazo, no resuelve el desajuste de base y termina perjudicando tanto a inquilinos como a la economía en general, al limitar la movilidad laboral y la flexibilidad del mercado (….) Terminar con este ciclo vicioso solo será posible con la expansión significativa de la oferta de viviendas”.
