El caso de Maricarmen ocurrió en Madrid en medio de un mercado donde los precios de las viviendas subieron 12,2% en un año. A esto se suma la presión sobre los arriendos y un escenario en que, según FOESSA, uno de cada cuatro hogares enfrenta dificultades para acceder a una vivienda adecuada.
Por Tomás Rodríguez Botto
El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba cerca de siete décadas viviendo en el mismo departamento de Madrid, volvió a poner el acceso a la vivienda en el centro del debate en España. El caso terminó el pasado 23 de septiembre, cuando la mujer abandonó el inmueble en medio de un operativo policial y de protestas de organizaciones de inquilinos.
Maricarmen residía desde hacía aproximadamente 70 años en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Retiro. El inmueble cambió de propietario y, según los antecedentes difundidos durante el conflicto, el arriendo pasó de unos 500 euros mensuales a 2.650 euros. Posteriormente, el monto fue reducido a 1.650 euros.
Tras varios intentos por ejecutar el desalojo y distintas acciones para suspenderlo, finalmente se concretó la salida de la mujer, quien utiliza silla de ruedas. Las imágenes de su traslado en camilla desde el edificio tuvieron amplia difusión y generaron nuevas movilizaciones en torno al acceso a la vivienda.
El Gobierno español también intervino en el caso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló que se habían buscado alternativas para evitar el desalojo y planteó la posibilidad de que la administración adquiriera la vivienda, una opción que finalmente no se concretó.
La situación de Maricarmen ocurre en un mercado residencial que ha experimentado un fuerte aumento de precios durante los últimos años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el precio de la vivienda en España aumentó 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026.
El incremento fue mayor en las viviendas usadas, cuyos precios subieron 12,9%, mientras que las viviendas nuevas registraron un alza de 7,4%. Entre abril y junio, además, los precios aumentaron 3,4% respecto del trimestre anterior
El problema no se limita al valor de las viviendas. El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España identifica el acceso residencial como uno de los principales factores asociados a la exclusión social.
El estudio señala que uno de cada cuatro hogares en España enfrenta dificultades relacionadas con el acceso a una vivienda adecuada, mientras que 45% de las personas que viven en régimen de alquiler se encuentra en situación de pobreza o exclusión social
El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado distintas iniciativas para ampliar la oferta de vivienda asequible y reforzar la protección de los arrendatarios. Sin embargo, las propuestas han enfrentado dificultades para avanzar en el Congreso, en medio de diferencias entre los partidos respecto de la regulación del mercado del alquiler.
Las movilizaciones de las últimas semanas han mantenido la vivienda entre los principales temas de la agenda pública española. El caso de Maricarmen se convirtió así en uno de los episodios más visibles de un problema que afecta a un número mucho mayor de personas.
