Expertos advierten que prohibir la Unidad de Fomento afectaría el acceso a financiamiento a largo plazo para acceder a la vivienda.
Por Leonardo Núñez
En medio del complejo escenario económico que atraviesa Chile, la reciente aprobación en general, por parte de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, del proyecto que busca prohibir el uso de la Unidad de Fomento (UF) en ciertos contratos —incluidos créditos hipotecarios, arriendos, educación y salud— ha encendido las alarmas entre expertos, gremios y actores del sector financiero.
La iniciativa, impulsada por diputados oficialistas y respaldada por cinco votos contra uno, busca limitar la indexación automática de precios en UF, argumentando que este mecanismo encarece el costo de vida de las familias cuyos ingresos están fijados en pesos.
Sin embargo, economistas, autoridades del Gobierno, representantes del mercado financiero y la industria inmobiliaria advierten que eliminar la UF podría tener consecuencias negativas profundas, especialmente en el acceso a la vivienda.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido enfático: “Eliminar la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile”. Según explicó, la UF ha sido clave para permitir financiamiento a largo plazo con tasas más bajas, protegiendo a los bancos y prestamistas del riesgo inflacionario. De suprimirla, los créditos podrían volverse más costosos e inestables, pues las instituciones financieras transferirían ese riesgo directamente a los consumidores, vía tasas más altas o condiciones más restrictivas.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) compartió esta visión. Su representante, Bernardita Piedrabuena, advirtió que eliminar la UF podría llevar a que los créditos hipotecarios se estructuren con tasas variables, plazos más cortos o incluso se dolaricen, como ocurre en economías como la argentina, donde no existe un sistema similar de indexación.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, calificó la moción como “una pésima noticia” y aseguró que su impacto sería devastador: “La eliminación de la UF sería una lápida para los créditos hipotecarios y para la inversión inmobiliaria en general”.
Echavarría fue más allá al cuestionar la lógica política del proyecto: “Llama profundamente la atención que parlamentarios del mismo Gobierno que aprobaron el subsidio a la tasa de interés ahora estén propiciando una medida que va en la dirección contraria”, sentenció.
Desde el Congreso, los impulsores del proyecto, como el diputado Daniel Manouchehri (PS), defienden la propuesta asegurando que el sistema actual profundiza la desigualdad. “La UF es como un termómetro que está contribuyendo a que la fiebre no baje nunca. La indexación automática hace que los precios suban solos, incluso cuando la inflación ya debería estar cayendo”, señaló.
Los diputados afirman que su intención no es eliminar la UF como instrumento financiero, sino restringir su uso en contratos que afectan directamente a las familias. A su juicio, se requiere una mayor regulación sobre cuándo y cómo se puede aplicar este mecanismo.
Sin embargo, economistas de distintas corrientes han coincidido en que eliminar la UF podría generar efectos no deseados. Claudio Agostini, doctor en Economía, advirtió que al prohibir su uso, los precios terminarían calculándose en base a proyecciones inflacionarias arbitrarias, lo que podría terminar encareciendo aún más los servicios.
Por su parte, Víctor Salas, economista de la Universidad de Santiago, advirtió que la medida podría incentivar el uso de tasas flotantes o la dolarización de contratos, lo que introduciría aún más volatilidad e incertidumbre en la economía local.
La discusión legislativa del proyecto recién comienza. Éste aún debe ser debatido en particular en la Cámara de Diputados, donde se espera que se escuche a diversos actores, incluidos el Banco Central, la CMF, el SERNAC y organizaciones sociales.
