Las auditorías que detectaron pagos no acreditados, sobreprecios y fallas en la entrega de ayudas tras el megaincendio de 2024, reabrieron el debate político y ciudadano sobre transparencia, gestión y el futuro del proceso de reconstrucción.
Por Leonardo Núñez
La publicación de cinco informes de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la reconstrucción, posterior al megaincendio que afectó a Valparaíso en febrero de 2024, provocó un intenso debate político y social.
Las auditorías revelaron deficiencias administrativas, pagos sin respaldo y posibles sobreprecios en contrataciones vinculadas a la emergencia, generando cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos destinados a miles de familias damnificadas.
El siniestro dejó 138 fallecidos y más de 6.000 familias afectadas solo en Viña del Mar, además de daños en Quilpué y Villa Alemana. La magnitud del desastre obligó a desplegar ayudas de emergencia, demoliciones y programas de reconstrucción habitacional en zonas donde viviendas de entre 35 y 55 m² fueron destruidas o gravemente dañadas.
Los informes identificaron observaciones relevantes en distintos organismos públicos. En la Delegación Presidencial Regional se detectaron pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones de pesos (aprox. US$620.000), además de eventuales sobreprecios de hasta 557% y uso injustificado del trato directo en contrataciones.
En la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la auditoría detectó un pago indebido superior a $434 millones (unos US$460.000) por demoliciones no ejecutadas o incompletas, además de otros $782 millones (aprox. US$830.000) sin respaldo documental en trabajos realizados en el sector El Olivar.
Respecto a los municipios, el informe sobre Viña del Mar evidenció problemas de rendición de cuentas, donaciones no incorporadas al presupuesto municipal y falta de trazabilidad en la entrega de ayudas. También se detectaron pagos por arriendo de vehículos sin respaldo por más de $430 millones (cerca de US$455.000). En Quilpué, la CGR observó gastos improcedentes, extravío de bienes donados y falencias en la entrega de ayuda a damnificados.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, pidió no anticipar responsabilidades sin estudiar el contenido completo de los informes. “Lo importante es entender con seriedad ese informe antes de emitir juicios”, afirmó, destacando que las auditorías son fundamentales para fortalecer la fe pública y mejorar los procesos.
Montes aseguró que el ministerio colaborará con las investigaciones y subrayó que, tras la emergencia, las autoridades debieron actuar con rapidez para demoler estructuras y retirar escombros, procesos que implicaron decisiones urgentes.
El gobernador regional Rodrigo Mundaca calificó la reconstrucción como deficiente y atribuyó retrasos al centralismo en la gestión de la ayuda. “Atender una emergencia desde Santiago, sin confiar en las capacidades regionales, ha dificultado todo el proceso”, sostuvo.
El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó las conclusiones como “gravísimas” y anunció que su cartera se hará parte de las investigaciones. “Las familias están abandonadas y malgastar recursos en ese contexto es impresentable”, afirmó.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión municipal, asegurando que existe trazabilidad en la entrega de ayudas y que las observaciones responden a mejoras administrativas más que a mal uso de recursos. Autoridades locales han destacado que la emergencia exigió entregar ayuda inmediata —alimentos, carpas y herramientas— incluso cuando los damnificados no contaban con documentación.
Los hallazgos reabrieron el debate sobre la transparencia en la gestión de emergencias y la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno. La Contraloría instruyó sumarios administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.
Chile enfrenta simultáneamente decenas de procesos de reconstrucción por catástrofes naturales. En Valparaíso, el desafío sigue siendo avanzar con soluciones habitacionales definitivas, recuperar barrios y restablecer la confianza de las comunidades afectadas.
