El Ministerio de Vivienda ordenó a las principales agencias privadas suspender la publicación de ventas de obra nueva, justo cuando las cifras de noviembre anticipan nuevas caídas y las promotoras enfrentan tensiones financieras inéditas.
Por Leonardo Núñez
El Gobierno chino ordenó a las oficinas y proveedores privados de estadísticas suspender la publicación de datos de ventas de viviendas nuevas, en una señal que analistas califican como un esfuerzo por contener el impacto reputacional de la crisis inmobiliaria más severa que ha enfrentado el país en décadas.
Según Bloomberg y Reuters, la instrucción se emitió desde el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD), afectando a firmas como China Real Estate Information Co. (CRIC) y China Index Academy, dos de las mayores fuentes privadas de datos inmobiliarios del país.
Ambas instituciones dejaron de publicar sus informes mensuales, incluida la estadística de ventas combinadas de las 100 principales desarrolladoras, una referencia clave para anticipar el estado del mercado. Aunque las entidades que proveen datos seguirán teniendo acceso interno a estas cifras, el Gobierno pidió suspender su difusión pública “hasta nuevo aviso”.
El momento del bloqueo no pasó inadvertido. Los analistas esperaban que las cifras de noviembre mostraran una caída incluso más pronunciada que la de octubre, cuando CRIC reportó un desplome del 41,9% interanual, el mayor retroceso en 18 meses. Bloomberg Intelligence advirtió que ocultar datos puede “profundizar la incertidumbre sobre un sector ya en dificultades”.
El retraso en la divulgación de cifras ocurre además tras un episodio que sacudió al mercado: China Vanke, considerada históricamente como una de las desarrolladoras más sólidas del país, intentó posponer un pago de bono local por primera vez la semana pasada.
La señal encendió alarmas en un mercado que ya lidia con los impagos masivos de Evergrande, Country Garden y otras firmas que alguna vez lideraron el impulso urbanizador chino.
Medios como Nikkei Asia apuntan a que la medida del Gobierno podría buscar evitar volatilidad financiera, dado que los datos privados suelen publicarse dos o tres semanas antes que las estadísticas oficiales —que recién se liberan en la tercera semana de cada mes— y son un insumo central para inversionistas globales.
La incertidumbre también alcanza al mercado de viviendas usadas. Según UBS, el valor de estas propiedades ha caído más de un tercio respecto de sus máximos en las principales ciudades, y la entidad proyecta que los precios seguirán bajando al menos dos años más. La demanda tampoco muestra signos de recuperación: el segundo trimestre marcó una renovada debilidad en ventas tras los estímulos de 2023.
La agencia Fitch Ratings advirtió que las ventas de viviendas nuevas por metro cuadrado podrían caer entre 15% y 20% adicionales antes de que el mercado se estabilice, panorama que eleva la probabilidad de que la morosidad bancaria asociada al sector inmobiliario se mantenga alta en 2026. La crisis también afecta a las finanzas locales, dado que muchas municipalidades dependen de la venta de suelo para financiar su gasto público.
En este contexto, la decisión de Beijing de bloquear la publicación de información clave incrementa el nerviosismo de inversionistas y promotoras. Mientras el Gobierno intenta mantener estabilidad social y financiera, la falta de transparencia amenaza con profundizar las dudas sobre la verdadera magnitud del deterioro del sector.
Ahora, el mercado estará atento a si China publica en diciembre sus cifras oficiales y a las señales que entregue Beijing sobre nuevas medidas de apoyo.
