El plan de obras exprés para combatir el déficit habitacional en Chile, busca poder saldar la deuda de al menos 1,5 millones de hogares que están en situación de allegados o hacinados, en campamentos y/o en situación de calle, producto de que no pueden pagar más del 30% de sus ingresos en arriendo, que por cierto no superan el sueldo mínimo, entre otros casos críticos que se intentan poder abordar en una asociatividad público-privada.

La idea que espera comenzar su implementación este 2025, tiene como objetivo llegar a 150.000 viviendas al 2030, se enmarcan en el reconocimiento de que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental y una de las bases para el desarrollo social y económico. Esto considera iniciativas de concesión de viviendas en arriendo asequible y modelos de construcción industrializada.

Pero como hemos visto anteriormente, una cosa es actuar urgentemente, pero otra es alinearse con la planificación de crecimiento en las ciudades. Nos referimos a planificación en la Región Metropolitana, pero sobre todo a la regional, donde se requieren accesos a comercios, centros médicos y educativos, para no sólo darle una vivienda digna a quién lo necesite, sino una mejor calidad de vida.

La meta de inversión es un poco más de US$ 12.000 millones y  la propuesta considera la creación de Zonas de Emergencia Habitacional (ZEH), donde se debería implementar un marco normativo excepcional que estaría unido a incentivos financieros, para poder acelerar procedimientos administrativos y urbanísticos, que generalmente estancan la velocidad de la construcción para lograr el levantamiento rápido y eficaz de viviendas en comunas con mayor déficit habitacional.

En regiones, donde la demanda supera la oferta, este tipo de iniciativas se vuelve una meta ambiciosa que responde a la necesidad de aliviar el déficit habitacional que afecta a muchas familias, pero que en esa urgencia, muchas veces se peca de falta de estrategia que boicotean las buenas intenciones. Este objetivo implica no solo la construcción de viviendas, sino también, asegurar que sean accesibles, asequibles y de calidad.

Sería interesante que el plan se enfocase en las regiones, para buscar descentralizar el desarrollo urbano, generar empleo y dinamizar economías locales. Esto es esencial para reducir la desigualdad entre áreas urbanas y rurales. Además, sería idóneo incorporar prácticas sostenibles en la construcción para minimizar el impacto ambiental, asegurando que las nuevas viviendas sean eficientes en el uso de recursos y energéticamente sostenibles.

Dada la urgencia de la crisis que no ha logrado reducir el PEH, hay que destacar la alianza público-privada que se integrará, para facilitar la construcción de viviendas a un ritmo más acelerado, pero esperamos que la urgencia no se olvide de asegurar el correcto financiamiento para llevar a cabo las obras, con los estándares de calidad que garanticen su durabilidad y habitabilidad, donde también, se acompañe la construcción de viviendas con la expansión de infraestructura básica como agua, electricidad y transporte público, para evitar la creación de asentamientos informales o guetos.