Luego de que la Encuesta Ipsos revelara que el Gobierno es el peor evaluado en cuánto a su capacidad de respuesta ante la emergencia, calificándolo con un 52% de manera negativa, con un 44% a Senapred y con un 43% a las Municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, surgen varias críticas y preguntas que buscan contribuir a mejoras necesarias en cuánto que debemos emprender año tras año, contra los incendios que azotan a nuestro país.
Y es que la demora en la respuesta ante la emergencia y en la entrega de ayudas, calificada con un 41% de negatividad, fue evidente e incomprensible, por lo que no se puede hacer vista gorda a la mala gestión ni a las posibles causas de la catástrofes, considerando que de 800 sondeos un 77% de estos supuso que los incendios fueron intencionales.
Por tanto, comparar con otro evento que ha marcado nuestra historia en cuánto a emergencias se hace natural. Nos referimos al terremoto y tsunami del 2010, un hito que supuestamente había permitido avanzar en el manejo de la emergencia que tenía ONEMI, hacia la gestión del riesgo con un enfoque preventivo que sería la misión que ejecuta hoy por hoy Senapred.
Fue el Gobierno de entonces quién vió la importancia de establecer la capacidad de gestión, y dejó como herencia la planificación de riesgos y la necesidad de una coordinación intersectorial, para abordar el desafío del sistema. Por esto se creó la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2012, las Plataformas Regionales e instalaron unidades de gestión del riesgo en los ministerios y los municipios.
Sin embargo, todo indica que lo aprendido no se vio aplicado, y por ende, el cuestionamiento deriva en si los aprendizajes sólo se logran asimilar cuando los gobiernos tienen continuidad en el color político. Por ejemplo, para enfrentar mejor las consecuencias socioeconómicas y ambientales del futuro incremento de los megaincendios ¿se avanza en medidas reactivas que pongan foco en la supresión y combate? ¿Hay acciones claras que apunten a las causas principales que contribuyen al problema?.
Las actividades de prevención, estrategias políticas de manejo y ordenamiento de los espacios y el paisaje, deben ser prioritarias, puesto que la respuesta de una comunidad frente a un incendio depende tanto de acciones individuales como del aparato público y privado.
Por lo que es necesario seguir construyendo la resiliencia en la población con prevención dentro de la planificación territorial, reconociendo los saberes y experiencias de las comunidades locales sobre el territorio que habitan para integrar y aunar todos los esfuerzos.
Por ejemplo, identificar que la zona de interfaz urbano-rural es el área donde interconectan las personas que habitan, las plantaciones, los matorrales, así como los bosque nativo y otros ecosistemas, y donde se concentra cerca del 60% de la ocurrencia de incendios, es fundamental para no seguir permitiendo plantaciones forestales en la cercanía a los caminos y ciudades, porque don densidad poblacional la catástrofe siempre será mayor.
Se debe establecer un perímetro de seguridad en torno a las viviendas y áreas urbanas a través de un manejo y ordenamiento preventivo de la vegetación que puede ser de características combustible y circundante. Por otra parte, se debe normar y limitar la expansión de viviendas y barrios a zonas rurales cubiertas de plantaciones forestales y bosques nativos.
Por último y no menor, ante un contexto de clima extremo falta el combate nocturno de los incendios y aumentar la capacidad de litros de agua que pueden trasladar las aeronaves, pero sobre todo, falta hacer consciente la configuración geográfica que ofrece las condiciones propicias para incendios de interfase.
Así, el repoblamiento de zonas quemadas y de alto riesgo, junto a la ausencia de medidas preventivas y la falta de construcción de cortafuegos defensivos en la cercanía de zonas pobladas, deben ser analizadas una y mil veces, para que no volvamos a vivir nunca más una tragedia como la de febrero de este 2024.
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