La nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria en Chile, busca modernizar la gestión de los administradores de condominios, donde básicamente se debe presentar una propuesta de reglamento a los copropietarios dentro de un plazo para su lectura, análisis y posterior consultas, observaciones o sugerencias, para luego convocar a una asamblea extraordinaria donde la comunidad vote el proyecto de reglamento que regirá.

Lo que a simple vista parece haber simplificado el proceso, igual presenta varios desafíos, como por ejemplo, los concernientes a la implementación y aplicación. Así, la complejidad de la normativa se da por su extensión que dificulta su comprensión e implementación tanto para administradores como para copropietarios.  La falta de claridad en algunos artículos puede generar interpretaciones divergentes y litigios.

Sin duda se requiere una amplia capacitación para administradores, miembros de comités y copropietarios para comprender y aplicar correctamente las nuevas disposiciones, aún así  faltan programas de capacitación adecuados que puedan evitar el obstaculizar la efectiva implementación con un mercado más profesionalizado, que implica la necesidad de adoptar nuevos sistemas de gestión, contabilidad y comunicación.  La transición puede ser costosa y compleja para algunos condominios, especialmente los más pequeños.

Respecto a la fiscalización del cumplimiento de la ley  y control, esta requiere mecanismos más eficientes y efectivos., por lo que la falta de recursos o personal suficiente para fiscalizar pueden generar impunidad y obstaculizar el correcto funcionamiento de la norma. Lo mismo con la falta de claridad en la delimitación en los roles y sus responsabilidades, lo que puede generar conflictos y disputas.

Otro gran punto es que los diferentes tipos de condominios de diferentes tamaños, características y contextos socioeconómicos tienen que adaptarse a la ley.  Una aplicación rígida sin considerar estas diferencias puede generar problemas, por lo que la resolución de conflictos entre copropietarios o entre éstos y el administrador, debe ser eficiente y accesible.  La congestión judicial y los altos costos de litigio pueden dificultar el acceso a la justicia y la adaptabilidad a la norma.

Entonces, haciendo hincapié en los desafíos relacionados con la sustancia de la ley, deberíamos tener especial atención en el equilibrio entre derechos individuales y colectivos. La ley debe equilibrar los derechos individuales de los copropietarios con los intereses colectivos del condominio para no afectar la convivencia. No menor es la relación, por ejemplo, con la protección de los derechos de los copropietarios minoritarios, con el fin de evitar que sean marginados en la toma de decisiones.

Por último, si bien la ley promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de condominios, esto requiere un mecanismo efectivo para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones que lleva a la  necesidad de inversión y financiamiento, que puede asegurar o no, un financiamiento adecuado para la transición a los nuevos desafíos. La clave del éxito reside en la capacitación, la difusión de la ley, la colaboración entre los actores involucrados y la creación de mecanismos eficientes de resolución de conflictos.