Por: Francisca Valdebenito Acosta, socia de Symbolon; investigadora y experta en políticas públicas y discapacidad.
Para Viviana cada temblor es un recordatorio de su problemática: un techo y paredes en mal estado, porque tiene que pensar en cómo rescatar a su hijo con discapacidad severa en caso de terremoto. El caso de Viviana no es el único, muchas familias chilenas según las encuestas CASEN de 2017 y 2022, viven en viviendas en pésimas condiciones cuando hay una persona con discapacidad permanente en el hogar. Esto es un problema sistémico que ha marginado a un sector ya vulnerable de nuestra sociedad.
Hay diferencias estadísticamente significativas que muestran que, en promedio los hogares con personas con discapacidad, tienen mayores problemas en materialidad, conservación y calidad del entorno de las viviendas (la distancia entre el hogar y los servicios básicos de salud, transporte y educación), lo cual está demostrado en el estudio Housing deficit for people with disabilities in a radically neoliberal country: Chile’s case, publicado en Research Handbook on Disability Policy en Reino Unido 2023.
Si bien hay iniciativas que han propuesto alternativas para abordar el problema, como por ejemplo, el actual proyecto de Constitución Política de Chile, que contempla facilitar el acceso a la vivienda, hay un aspecto fundamental que se ha omitido respecto a qué mecanismos hay para conservar estas viviendas a lo largo del curso de vida de las personas. Por lo que es crucial que al abordar la vivienda en la agenda pública, la discapacidad se incorpore en el centro de las discusiones garantizando no sólo el acceso, sino también, la habitabilidad a largo plazo.
El foco principal de las políticas de vivienda y discapacidad ha estado en las edificaciones nuevas, pero: ¿Qué pasa con las generaciones que ya viven en mal estado, en lugares que no son inclusivos? Por ejemplo, tomemos en cuenta a quiénes han recibido viviendas sociales desde principios de los 90’s en edificios de 4 pisos sin ascensor, que han sufrido durante su vida eventos tan comunes en Chile, como la amputación de un pie producto de la diabética o un ataque cerebro vascular, y que ahora, están prisioneros en sus propios hogares.
También está el tema de los niños y niñas de regiones que no tienen transporte público con acceso universal. De hecho muchas veces el transporte privado se niega a trasladarlos, con madres y padres caminando horas para llegar a los controles de salud, o madres y padres de clase media que deben destinar sus recursos a cuidar los costos no cubiertos por los sistemas de salud, como terapias, medicamentos, pañales, entre otros implementos de necesidad básica, dejando poco en el presupuesto para conservar y/o equipar sus viviendas,
La discapacidad en cualquiera de sus formas, no debería traducirse en vivir en condiciones inferiores al promedio de la sociedad. Las viviendas son más que simples estructuras, son lugares en que transcurre la vida de las personas, sobre todo, para las que tienen un grado de dependencia. Por lo que cuando estas viviendas no están en condiciones óptimas, las personas con discapacidad y sus familias, enfrentan desafíos adicionales en su cotidianidad.
Para abordar esta situación con seriedad y urgencia, hay que visibilizar el tema para que la sociedad en su conjunto busque soluciones innovadoras y efectivas. Historias como la de Viviana no deben ser la norma en un país que busca la inclusión y la equidad. Un techo seguro sobre nuestras cabezas es un derecho humano básico que todos, independientemente de nuestras capacidades, merecemos tener.
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