Cada vez que se repiten los lamentables incendios forestales estivales, comienzan a circular los dardos hacia el sector apuntando a inmobiliarias como culpables de querer, a costa incluso de vidas, generar intencionalmente estas catástrofes como un recurso para modificar las disposiciones legales de las coberturas del suelo.
Pero ¿existen ejemplos concretos de que suelos con vegetación como lo sería el pulmón de Viña, el Jardín Botánico, se transformaron en uno urbanizable?; se puede conjeturar que estos incendios han sido utilizados como parte de procesos informales de urbanización, en función de periodos de bonanza inmobiliaria, pero la verdad es que el sector sigue llorando la crisis de la que no ha logrado reponerse desde 2020?
Si bien es cierto que se identifican proyectos que se construyeron en terrenos afectados por incendios forestales en Valparaíso y Quilpué, lo que podría en teoría, relacionar y confirmar la tesis de que existen establecimientos de proyectos urbanísticos que están construídos sobre las tierras donde fueron los incendios forestales, la verdad, es que no hay registro alguno que pueda comprobarlo y sería extraño que así fuera, ya que para poder facilitar este cambio de suelo, los municipios deberían poder autorizarlo.
Hay que decir que los instrumentos de planificación territorial vigentes no responden a mecanismos reguladores como deberían, ya que son continuamente modificados según se requiera, por lo que hoy un plan regulador comunal puede, a pesar de que determine un territorio como prioritarios para conservación medioambiental o como rural, transformar a suelos urbanos luego de un siniestro como un incendio, si así lo autoriza el Gobierno subnacional.
Se entiende igualmente, que tanto la prensa como organizaciones no gubernamentales, sean siempre muy críticas cuando se trata de denunciar y que apunten sobre lo que podría entenderse como posibles conflictos de interés que relacionan al mercado inmobiliario a los incendios forestales. Sin embargo, hasta la fecha, no hay suficientes antecedentes contundentes y sólo queda en difamaciones.
Aún así, es necesario que se evalúen las políticas públicas en función del resguardo de los territorios afectados y vincular estas herramientas de administración, con los instrumentos de planificación territorial.
Tal como el proyecto de Ley que a fines del 2020, luego de los incendios que consumieron más de 120 ha de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y 12 ha en la Hacienda Las Palmas de Quilpué, contempla la prohibición de plantaciones forestales dentro del radio urbano, y de construir o edificar, si no son reconstrucciones de viviendas o de infraestructuras ya existentes.
De igual forma, el proyecto que a dos años duerme en el Senado, prohíbe lotear o subdividir los terrenos y/o destinarlos a actividades distintas que afecten la vegetación, así como busca entregar atribuciones a todos los municipios para que en conjunto con Conaf, puedan hacer pie forzado a implementar los cortafuegos, o incluso, hacerlos directamente.
En definitiva, no sabemos si esto junto a penas más duras para quiénes inician el fuego, puedan lograr romper con este loop que repetimos año tras año en verano, para que nunca más tengamos casos que no se tomen en serio la gravedad de los acontecimientos como el israelita que quemó más de 17 mil ha en el Parque Nacional de Torres del Paine.
Por lo mismo, no hay duda que debemos al menos, acostumbrarnos a una capacidad más rápida de adopción de normativas y a la generación de políticas públicas más adecuadas a los tiempos que requieren las crisis, como lo es evidentemente, la climática.
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