Tras las acusaciones del arquitecto Alejandro Aravena, donde aseveró que la reconstrucción en Viña del Mar después de los incendios de 2024, fue realizada con “la participación de organizaciones ligadas al narcotráfico”, se desenvuelven muchas interrogantes respecto a la ausencia del Estado, o la debilidad de este, y a cómo esta presencia se empiezan a manifestar en sus respectivas consecuencias con una irrebatible proliferación de las vulnerabilidades institucionales.

Y es que, una vez más, vemos como la falta de Plan Comunal de Seguridad actualizado _ está vigente en Valparaíso entre 2021 y 2025, pero con una actualización que se ha retrasado debido a la resistencia del municipio anterior a implementar el instrumento de seguridad, además de la escasa colaboración de algunos actores locales y alta rotación del personal encargado- ; el aumento en la delincuencia; y la falta de respuesta ante emergencias, ponen en evidencia el debilitamiento del Estado de Derecho.

Las consecuencias comienzan a salir a la luz y no son nuevas para la región. Por lo mismo, aunque no hay pruebas, tampoco generan dudas las palabras de Aravena, ya que no es la primera vez que se sospecha que la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, haya sido asumida por grupos narcos. De hecho, ya es pan de cada día que en medios se vean los nexos en diferentes organismos del Estado con narcotraficantes, así como las redes de corrupción. Y es que la falta de respuesta efectiva sigue erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generando un sentimiento de abandono y desprotección.

Por cierto que es una verdad incómoda y un problema complejo de abordar, pero es innegable que requiere de medidas urgentes y efectivas, como la aprobación del nuevo plan para abordar los delitos de mayor prevalencia y mejorar la infraestructura de seguridad; así como es necesario invertir en servicios básicos como agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad de vida de los habitantes, y también; el fortalecimiento de la presencia estatal en la zona, mediante la implementación de políticas y programas que aborden las necesidades de la comunidad.

En definitiva, mas que sentirse atacados e interpretar las palabras del arquitecto como una alerta, hay que comprender que esto es un hecho: el narco avanza donde el Estado retrocede, y en esa orfandad, toda oferta para resolver conflictos que requieren inmediatez son “bienvenidos”, sin sopesar las consecuencias a mediano y largo plazo, donde se verán los territorios dominados en todos los ámbitos, disfrazados de superhéroes pero sin ley ni esperanza.