Por: Robert Gillmore L., Abogado y profesor de Derecho Inmobiliario PUC.
Las cifras del déficit habitacional son alarmantes. Se habla de una “crisis del sector inmobiliario”, la que tendría varias causas, tales como: el incremento del precio de las viviendas producto de la escasez y alto precio del suelo edificable; así como la demora y poca flexibilidad, en la confección de los planos reguladores que crean las condiciones de edificabilidad de los terrenos.
Igualmente ha impactado el aumento sostenido de los precios de los materiales de construcción; las dificultades para obtener créditos hipotecarios; el aumento de las tasas de interés; y como si fuera poco, la llamada “permisología”.
Este déficit ha obligado a miles de familias a vivir de allegados, en condiciones de hacinamiento o en campamentos. Según la encuesta Casen 2022, se estima que hay 552.046 requerimientos de nuevas viviendas, lo que representa un porcentaje cercano al 10% de los hogares de todo el país.
El reciente anuncio del Gobierno de otorgar un nuevo subsidio destinado a la clase media para la compra de 5.000 viviendas terminadas, adicionales al programa habitacional de 2024, es una medida que apunta en la dirección correcta.
Sin embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados con políticas públicas y medidas legislativas de carácter permanente y urgentes de debatir, pues la brecha es enorme. Un ejemplo es la discusión que se está dando en el Congreso respecto del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Hace años que la legislación vigente en materia de permisos ha demostrado ser insuficiente, al no existir incentivos o sanciones para el cumplimiento de los plazos dentro de los cuales se deben otorgar autorizaciones y permisos. Ahora bien, ¿es correcto afirmar que no todo se soluciona con nuevas leyes?.
En ese sentido, la administración tiene que facilitar, controlar y transparentar, los tiempos que toman los trámites y permisos sectoriales. Las normas que actualmente regulan el funcionamiento de los órganos que forman parte de la administración del Estado, exigen de éstos eficiencia, celeridad y coordinación, además de que deben establecer procedimientos y sanciones, en caso de que no cumplan con estos principios.
Asimismo, se establecen órganos que supervigilan este cumplimento y una Contraloría con importantes facultades para ello. De esta forma, el problema que tenemos que solucionar es que los propios órganos de control demoran en exceso resolver el retraso que se alega, lo que constituye una falta de coherencia, perpetuando la ineficiencia por la cual se legisla.
