La idea proviene de la diputada de la bancada de independientes social cristiana, Francesca Muñoz, persigue condenar por un plazo de 10 años a quienes usurpen o se tomen propiedades ajenas.
Por: Renato Herrera Lagos
La diputada de la bancada independiente social cristiana, Francesca Muñoz, presentó el proyecto que busca abordar la falta de sanción que existe desde el punto de vista de los beneficios estatales, para aquellas personas que usurpan u ocupan ilegítimamente un inmueble de propiedad ajena.
En ese sentido, la parlamentaria propone que dichas personas que hayan sido condenadas por los delitos de usurpación establecidos en el párrafo VI del Título Noveno, del Libro Segundo del Código Penal, no puedan acceder a beneficios habitacionales por parte del Estado por un lapso de 10 años, contados desde que la sentencia hubiere quedado firme. En caso de reincidencia se busca que la prohibición se aumente en 5 años adicionales.
Sobre ello, generar un incentivo para que las personas hagan uso correcto y adecuado de las distintas alternativas que el Estado está creando para reducir el déficit habitacional, y desincentivar, situaciones de ilegalidad que afectan sustancialmente derechos legítimos de terceros que han optado por el conducto regular.
“Creemos que este proyecto es concordante con la discusión que ya se está dando en el Senado para subir las penas del delito de usurpación (boletines refundidos Nº14.015-25 y 13.657-07). Recordemos que con estos proyectos se busca que la pena asignada al delito de usurpación sea más acorde al bien jurídico que se está protegiendo”, señaló el comunicado.
Asimismo, indicó que el delito de usurpación en Chile solo se castiga con multa, en virtud de los artículos 457 y siguientes del Código Penal, en circunstancias que en buena parte de los países de la región (Argentina, Perú, Panamá, por ejemplo) y países desarrollados tiene penas privativas de libertad.
La propuesta de la parlamentaria considera hacer frente a esta problemática, por tanto, modificar la ley Nº16.391 y agregar un nuevo artículo 71, referente a “[…] El que fuere condenado por los delitos tipificados en el párrafo VI del Título Noveno del Libro Segundo del Código penal, no podrá ser asignatario de beneficios habitacionales por parte del Estado otorgados por este ministerio, o cualquier otro organismo público, durante un periodo de 10 años contados desde que la sentencia condenatoria haya quedado firme. En caso de reincidencia en alguno de los delitos señalados, la prohibición se aumentará en 5 años.”
La petición nace tras los acontecimientos ocurridos la primera semana del mes de mayo de este año 2023, se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Bio Bío, una toma de viviendas sociales por parte de un grupo de personas. Se trataba de 200 departamentos (viviendas sociales) que estaban prontas a ser entregadas a beneficiarios que venían esperando años por una solución habitacional. Las viviendas sufrieron robos y daños de diversa naturaleza, además de robos de objetos tales como ventanas, calefón, etc.
La idea de la bancada se refiere a contar con el apoyo de la fuerza pública para proceder al desalojo de las personas quienes respondieron de forma violenta dejando a un total de 3 personas detenidas. Esta situación viene a poner de relieve una realidad en el país que desde hace años se viene acentuando.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, hasta fines de 2022, serían cerca de 19.000 las ocupaciones en terrenos fiscales, esto sin contar las ocupaciones en inmuebles privados. Las regiones más críticas en este sentido vienen a ser Atacama y Antofagasta que, según el Ministerio, concentran cerca del 70% de este fenómeno a nivel nacional.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Minvu, han señalado que el déficit habitacional en Chile se encuentra cercano a los niveles que se registraban en el año 1996, cuando se midió por primera vez. En efecto, el déficit de vivienda estimado actual es de 650.000 casas o departamentos, mientras que en el año 1996 era de 563.988.
En cuánto a la realidad de los campamentos y de acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos del año 2022, efectuado por el Minvu, el total actualizado de campamentos a nivel nacional es de 1091, es decir, 71.961 hogares. De las regiones que concentran la mayor cantidad está la de Valparaíso con 255, Metropolitana con 142 y Biobío con 156. Por su parte, las regiones que concentran el 75% del total de hogares en campamentos son las de Valparaíso con 18.405, Metropolitana con 13.392 y Tarapacá con 9.300.
Así, de cara a las proyecciones, si bien es necesario dar respuestas certeras y a corto plazo, también es cierto que no debe descuidarse que sean justas. No se pueden repetir situaciones como las ocurridas en San Pedro de la Paz, donde personas que han seguido el conducto regular y han esperado por años la entrega de un beneficio habitacional por parte del Estado, se vean truncadas por individuos que ilegítimamente y con violencia ocupan dichas viviendas.
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