El Ejecutivo aseguró que se respetará la orden emanada por el Tribunal de Alzada porteño.
Por Leonardo Núñez
Faltan 26 días para que finalice el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades regionales, a fin de concretar el desalojo de las más de 10 mil personas que habitan en la toma del Cerro Centinela de San Antonio.
Pese a lo anterior, continúa la incertidumbre en relación con el respeto del fallo judicial que ordena la expulsión de los ocupantes del terreno.
En ese sentido, el ministro de Vivienda de Urbanismo, Carlos Montes, se refirió nuevamente al tema en las últimas horas y aseguró que el gobierno respetará la orden emanada por la Corte.
Sin embargo, el secretario de Estado afirmó que se mantienen trabajando para evitar hasta el último momento el desalojo, debido a que según su criterio, el proceso de expulsión de las más de 4 mil familias sería de “alto riesgo”.
Por su parte, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que el proceso del eventual desalojo, tendría serios problemas logísticos debido a alta cantidad de funcionarios de Carabineros que necesitaría, considerando el déficit de dotación policial que sufre la región.
Mundaca, señaló que de acuerdo a las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de 1 año.
