Desde la autoridad regional señalaron que el recinto no se ajusta al Plan Regulador Comunal.
Durante la jornada del jueves el Minvu de Valparaíso notificó al Hotel Punta Piqueros ubicado en Concón, la demolición total del recinto. Esta decisión se da luego del fallo que la Corte Suprema emitiera el pasado 30 de mayo del 2022, donde instruyó a la secretaría regional ministerial pronunciarse sobre el futuro del hotel ubicado a orilla de mar, cuya demolición solicitó la Corporación de Defensa de Patrimonio Histórico de Valparaíso.
Ante esta decisión, Belén Paredes, seremi del Minvu, señaló que “estamos acatando la sentencia de la Corte Suprema, que nos mandata a pronunciarnos con relación a nuestras facultades. Como institución, hemos realizado todos los esfuerzos normativos y jurídicos para abordar el caso asociado a la construcción del proyecto Hotel Punta Piqueros”.
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Además, la autoridad regional agregó que la decisión se enmarca dentro de dos causales que es, el no ajustarse al plan regulador comunal y no tener permiso municipal.
En tanto, tras la notificación a la inmobiliaria del hotel, esta tiene un plazo de 10 días hábiles para que el Serviu de Valparaíso inicie las tramitaciones necesarias para llevar a cabo la demolición. Además, se precisa contemplar un proyecto y contar con las tramitaciones administrativas sectoriales, entre las que se cuentan el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental.
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En ese escenario, Jeannete Bruna, abogada urbanista, comenta que, “la inmobiliaria puede realizar distintas acciones, la judicial siempre es la vía presente, pero también puede presentar un recurso de reposición para intentar conseguir más plazos y tomar las decisiones pertinentes”.
“La reposición se presenta dentro de los cinco días hábiles, ante la misma Seremi, y paralelamente, independiente de la decisión que tome, siempre es necesario considerar que la única forma de evitar una demolición es regularizando y consiguiendo un permiso de edificación y recepción para poder regularizar la situación de la construcción, que en este caso no tiene permiso”, argumentó la jurista experta en temas inmobiliarios.
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“De manera que sería conveniente que se presente un expediente de solicitud de permiso, que es algo que señala entre líneas la resolución de la Seremi, porque habla de que es una vía para impedir la demolición. Por lo tanto, si se presentara un buen proyecto que solucionará los graves problemas que tienen relación con la normativa vigente, podría pensar que la seremi podría suspender los efectos de la orden de demolición”, agrega Bruna.
Por su parte, desde la Cámara Chilena de la Construcción manifestaron que “como gremio nos preocupa nuevamente ser testigos de un ejemplo de proyecto de inversión que enfrenta problemas, producto de los múltiples flancos que tiene la institucionalidad y que dificultan la concreción de nueva inversión en el país. La certeza jurídica es la base de toda iniciativa y casos como los conocidos hoy son perjudiciales y graves para lo que el país necesita”.
Invocar “La certeza jurídica” y “lo que necesita el país” (desde una sola mirada y no, en su conjunto) no puede ser argumento para justificar irregularidades cometidas con conocimiento de causa. El hecho concreto es que la inmobiliaria y constructora comenzo y continuo a mas no poder la obra, a sabiendas de “buena fe”, que no contaba con el PE correspo diente y en ese caso no hay discusión de la irregularidad (ilegal) cometida.
Invicar “La certeza jurídica” y “lo que necesita el país” (desde una sola mirada y no, en su conjunto) no puede ser argumento para justificar irregularidades cometidas con conocimiento de causa. El hecho concreto es que la inmobiliaria y constructora comenzo y continuo a mas no poder la obra, a sabiendas de “buena fe”, que no contaba con el PE correspo diente y en ese caso no hay discusión de la irregularidad (ilegal) cometida.