Valentina Correa, hija del empresario asesinado en 2020 por la disputa del predio, ha manifestado la intención de que el lugar sea ocupado con fines sociales.
Por Leonardo Núñez
El último capítulo del caso de Alejandro Correa está pronto a llegar a su fin. La familia del empresario podrá disponer del terreno en la Región de Valparaíso que motivó su crimen a partir de este verano.
Tras un largo proceso judicial y luego de que la Corte de Apelaciones ordenara al Ministerio de Vivienda cumplir la sentencia, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) –organismo técnico del Minvu– confirmó que desarmará “durante los primeros meses del próximo año” la toma ilegal en el predio.
La abogada de la familia Correa, en tanto, indicó que varios ocupantes ilegales ya se adelantaron al “cúmplase” de la sentencia y están abandonado los terrenos por sus propios medios. Algunos de ellos llegaron hasta la zona mediante un sistema ilegal de loteos, el cual era administrado por la persona que contrató al sicario de Correa y que hoy cumple una condena de pena efectiva.
Valentina Correa, la hija de la víctima, ha manifestado la intención que dicho terreno tenga fines sociales.
El caso se remonta al 10 mayo de 2020, cuando el empresario inmobiliario (60) discutió con un loteador ilegal que le había asignado a terceros un paño de un terreno que era de su propiedad, el cual está ubicado en el sector de Pompeya Sur de la comuna de Quilpué. Correa lo denunció y cuatro días más tarde, fue asesinado. Su muerte fue ordenado por el loteador, quien pagó $5 millones a un sicario por el crimen.
El año 2021 ya hubo una resolución de la misma Seremi del Minvu de Valparaíso que ordenaba la paralización y la demolición de las construcciones que había en el terreno. Sin embargo, el organismo estatal nunca ejecutó esa resolución.
Esto llevó a la familia de empresario a presentar un recurso de protección, el cual finalmente fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El fallo ordenó a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso cumplir su propio resolución y demoler las construcciones ilegales que aún están en el terreno, con apoyo de la fuerza pública en caso de resistencia de los ocupantes.
La Corte señaló que la ejecución de los actos administrativos no es discrecional sino que es un deber, por lo tanto “notificar la orden de demolición es una obligación para la Seremía”. De esta manera, se desestimó la tesis planteada por el abogado de la Seremi, Mauricio Bottner, quien indicó en los alegatos finales que “siendo un terreno privado, es el recurrente que tiene que ejercer las acciones para provocar ese lanzamiento”.
