El Ejecutivo decidió expropiar 100 de las 215 hectáreas del campamento Cerro Centinela. Mientras los propietarios preparan acciones judiciales, el Gobierno avanza en un plan habitacional gradual para reubicar a más de 10 mil familias.
A menos de 24 horas del anuncio del Gobierno respecto a la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas por la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, los propietarios del terreno —Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.— activaron una estrategia legal para enfrentar lo que anticipan será una disputa judicial compleja. La empresa y sus abogados sostuvieron una reunión clave esta mañana para definir la ruta de defensa, cuyo eje central será el precio de la expropiación.
Según informó el Ejecutivo, el valor considerado para el proceso será de 0,23 UF por metro cuadrado, lo que implica un desembolso fiscal cercano a $10.961 millones. Sin embargo, durante las negociaciones previas la inmobiliaria había planteado expectativas cercanas a 0,40 UF por metro, diferencia que gatilló el quiebre de las conversaciones y precipitó la decisión del Gobierno. Fuentes del sector privado señalan que los propietarios fueron “sorprendidos” por el anuncio y solicitaron audiencias simultáneas con Interior, Vivienda y Bienes Nacionales.
Desde la vereda de los dueños apuntan a que la expropiación sería una fórmula del Ejecutivo para evitar un eventual desacato al fallo de desalojo, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2023 y ratificado por la Corte Suprema en 2024. El abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira-Fonfach, manifestó su molestia por la falta de comunicación oficial y afirmó que, a 48 horas del plazo judicial, “los propietarios no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso, que es responsabilidad del Estado”.
El conflicto entra ahora en una etapa estrictamente judicial. Según la Ley de Expropiaciones, una vez publicado el decreto en el Diario Oficial, el expropiado tendrá 30 días para reclamar ante el tribunal competente. La Constitución establece que toda expropiación debe fundarse en utilidad pública o interés nacional, y que el afectado tiene derecho a una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la cual puede dirimirse mediante peritos y tribunales si no existe acuerdo.
En este caso, el factor más sensible será la tasación del terreno. Si el Ejecutivo mantiene la oferta de 0,23 UF el metro cuadrado y los propietarios no la aceptan, entrará en funciones la comisión de peritos para fijar una tasación provisional. Si la inmobiliaria no queda conforme, podrá recurrir a tribunales civiles, donde no se discute el mérito de la expropiación, sino únicamente el monto de la compensación.
Mientras el escenario legal comienza a definirse, el Gobierno puso el foco en el componente humanitario. Desde La Moneda, los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo y Carlos Montes informaron que el proyecto habitacional busca una solución definitiva para las más de 10 mil personas que hoy residen en el campamento, considerado uno de los más grandes del país. El plan contempla el uso de facultades del Minvu para adquirir las 100 hectáreas y desarrollar un proceso gradual de reubicación.
La delegada para la megatoma, Gloria Maira, explicó que parte de las familias podrían trasladarse dentro del mismo predio, aprovechando lotes desocupados, mientras que otras serían ubicadas temporalmente en terrenos cercanos. “Estamos hablando de un proceso de 6 a 8 años, como ocurre en cualquier proyecto habitacional de esta escala. Las familias y las cooperativas se han comprometido a colaborar para que nadie quede hacinado”, sostuvo.
El ministro Elizalde agregó que se trabaja en un plan de desalojo que será informado a la Corte de Apelaciones y que se implementará considerando también las necesidades de seguridad pública de la región. “Este es un esfuerzo enorme, que requiere recursos, contingente y una planificación paulatina para evitar daños sociales y económicos”, señaló.
Desde el municipio de San Antonio, el alcalde Omar Vera adoptó una postura de cautela. Afirmó que aún no reciben documentación oficial del anuncio y que no emitirán opinión hasta contar con antecedentes formales. “Es una decisión de enorme impacto para la comuna, por lo que necesitamos conocer el proyecto en detalle”, dijo.
Con la expropiación en curso y el componente judicial en desarrollo, el futuro del cerro Centinela quedará marcado por un proceso doble: por un lado, la disputa por el valor del terreno, y por otro, un plan habitacional de largo aliento que el Gobierno busca dejar completamente instalado antes del cambio de administración en 2026. La historia recién comienza.
