El procedimiento se concentró en las primeras tres parcelas del terreno ocupado ilegalmente, que en conjunto suman cerca de 105 hectáreas.
Por: Leonardo Núñez
Un complejo operativo policial marcó el inicio del desalojo parcial de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, proceso que estuvo acompañado de violentos incidentes, barricadas incendiarias y acciones judiciales por parte de algunos ocupantes.
El procedimiento se concentró en las primeras tres parcelas del terreno ocupado ilegalmente, que en conjunto suman cerca de 105 hectáreas.
Barricadas en llamas, encapuchados lanzando bombas molotov y la instalación de alambres de púas en las calles fueron parte de la resistencia que enfrentó el despliegue de Carabineros durante la recuperación de la parcela 11, así como de las parcelas 13 y 15. La situación obligó a reforzar la presencia policial para asegurar el control del sector.
Los propietarios del terreno, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., denunciaron que los hechos de violencia impidieron inicialmente el ingreso de maquinaria pesada para demoler y despejar las áreas desalojadas. Según indicaron, una retroexcavadora fue incendiada y los trabajadores se negaron a concurrir por temor a su seguridad, dado que muchos de ellos residen en la misma comuna.
Desde la Delegación Presidencial Regional informaron que el operativo permitió evacuar a las 44 familias que habitaban la parcela 11, de aproximadamente tres hectáreas, dando por concluida esa fase del desalojo. Sin embargo, algunos ocupantes señalaron que intentaron trasladarse a sectores que el Gobierno planea expropiar, pero habrían sido recibidos con hostilidad por otros residentes de la toma.
El delegado presidencial, Yanino Riquelme, aseguró que el área ya se encuentra bajo control policial. “Este sector está completamente despejado y controlado por Carabineros. Estamos conversando con las familias para que puedan terminar de desocupar y a la espera de la maquinaria que debe ingresar el propietario”, afirmó la autoridad.
El desalojo tiene su origen en una orden dictada en marzo de 2024 por la Corte Suprema, fallo que instruyó restablecer el Estado de Derecho en el sector ocupado tras el estallido social de 2019. Tras casi dos años de dilaciones y una negociación fallida para la compra del terreno, el Ejecutivo anunció la expropiación de cerca del 50% del área tomada para desarrollar un proyecto habitacional.
De acuerdo con la federación de cooperativas vinculadas a la megatoma, en las 105 hectáreas en proceso de desalojo viven cerca de 1.700 familias. Las autoridades buscan que la mayoría de ellas se traslade a las 110 hectáreas que serían objeto de expropiación, destinadas a soluciones habitacionales formales.
En paralelo, habitantes de la parcela 15 presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, junto a una solicitud de orden de no innovar para frenar el procedimiento. Esta última fue rechazada, aunque el tribunal sí acogió a tramitación el recurso contra la Delegación Presidencial Provincial y la inmobiliaria propietaria.
Los recurrentes sostienen que habitan el lugar desde hace más de 30 años y que existe una sentencia de 2013 que rechazó un intento previo de desalojo. Pese a ello, algunos pobladores ya comenzaron a abandonar el terreno, mientras otros denuncian no haber recibido notificación formal.
El municipio de San Antonio informó que el gimnasio del Colegio España funcionará como albergue temporal por hasta 72 horas para las familias que lo requieran. El próximo operativo de desalojo está programado para la mañana del lunes 12 de enero, en un proceso que sigue tensionando a las autoridades, los propietarios y los habitantes de la megatoma.
