Esta discusión se viene arrastrando hace mucho tiempo, sobre todo desde la crisis del sector, pero se reactiva con el caso del proyecto Hacienda Guay Guay la semana pasada, puesto que se solicitó ante la justicia someterse a un procedimiento de reorganización judicial, producto de los 22.772 millones de pesos que tiene como pasivos dicha Inmobiliaria.

Por lo mismo, no está demás, entender que este proceso puede tener varias implicaciones, por ejemplo, considerar la reestructuración de deudas va a permitir a la empresa negociar con sus acreedores para modificar las condiciones de pago, reducir montos de la deuda, o incluso, reprogramar plazos.

Igualmente, se recomienda tener claro el proceso de reorganización de la empresa, ya que puede beneficiarse de una protección legal que le impida que los acreedores tomen acciones inmediatas para cobrar deudas como embargos o ejecuciones judiciales, es clave. Esto le brinda un respiro para reorganizar sus finanzas, pero ¿que es el plan de reorganización?: es donde se revisa lo viable de los negocios que expliquen la fórmula para salir de la crisis y cumplir con sus obligaciones financieras. Este plan debe ser aprobado por los acreedores y, en algunos casos, por el juzgado correspondiente.

Acogerse a la reorganización judicial puede ser un arma de doble filo, puesto que puede afectar la percepción pública y la confianza de los inversores, clientes y socios comerciales, aunque también,  puede ser una oportunidad para restaurar la estabilidad. Así es, toda crisis es una oportunidad de reestructuración operativa y este proceso se enfoca en la parte financiera, pero igualmente puede implicar cambios en la gestión, optimización de procesos y ajustes en el modelo de negocios para hacerlo más eficiente y rentable.

Finalmente, el riesgo de liquidación es un fantasma que hay que saber surfear, porque es algo a lo que las empresas puedes tener que enfrentarse si la reorganización no tiene éxito, es decir, puede pasar que se venda sus activos para pagar a los acreedores, lo que significa el fin de la actividad empresarial. Entonces, en resumen, acogerse a la reorganización judicial puede ser una herramienta para que una inmobiliaria o constructora gestione una crisis financiera, pero también conlleva riesgos y desafíos que deben manejarse cuidadosamente.