Por: Carlos Aguirre-Nuñez, Académico Universidad San Sebastián y Consejero del CPI.
El proyecto de ley que reforma el sistema de planificación territorial, enviado por el Gobierno al Congreso, tiene el potencial de transformar profundamente el desarrollo urbano en el país, pues se pone énfasis en las principales críticas realizadas por los actores del sector.
La iniciativa legal incluye herramientas como los planes maestros de regeneración y la habilitación normativa de terrenos, responde a necesidades urgentes para resolver el Déficit Habitacional, lo que genera la posibilidad de construir viviendas accesibles e integración social.
Asimismo, la norma en discusión establece la profesionalización de los tomadores de decisión y la centralización interpretativa, otorgando promesas de mejoras en la calidad y consistencia de los instrumentos de planificación.
Detengámonos en otros puntos importantes de la propuesta: se establece que el Plan Regulador Comunal (PRC), ahora incorporará la posibilidad de determinar condiciones de los mismos, además de incentivos. Los Planes Reguladores deben ser vistos como organismos vivos y, por lo tanto, se deben monitorear periódicamente para analizar cómo evolucionan, con el fin de determinar los cambios que han tenido las comunas con el objetivo de evitar crisis.
Asimismo, la iniciativa establece la capacitación – centrándose en los consejeros regionales y concejales, así como en los equipos técnicos-, como una función del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, algo que los académicos llevan pidiendo hace años, especialmente, para que los órganos de decisión y gestión puedan entender mejor los instrumentos y los fines de la planificación territorial.
Aun así, queda pendiente algo que no es responsabilidad de la cartera de Vivienda, sino que del Ministerio de Educación, que es la generación de mínimos curriculares para los profesionales competentes que están definidos en la ordenanza general de urbanismo y construcciones.
El Proyecto de Ley es un paso en la dirección correcta, pero requiere de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, los municipios y la sociedad civil, para materializar sus objetivos. Solo a través de una implementación rigurosa y participativa podremos construir ciudades más justas, sostenibles y resilientes de cara a las generaciones futuras.
