Por: Dr. Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas
El tiempo transcurre inexorablemente hacia 2030, plazo establecido por Naciones Unidas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una hoja de ruta para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger el planeta.
Sin embargo, el balance es preocupante: según el informe 2026, solo el 36% de las metas evaluables avanza a un ritmo adecuado o moderado, mientras que el 49% progresa demasiado lento y el 15% ha retrocedido respecto de 2015. La brecha entre los compromisos y los resultados evidencia que el mundo no está avanzando a la velocidad que exige su propio futuro.
Las causas de este rezago son múltiples y se refuerzan mutuamente. Los conflictos bélicos han provocado crisis humanitarias, desplazamientos masivos y destrucción de instalaciones y servicios esenciales, debilitando la cooperación internacional.
A ello se suman las restricciones financieras de los países en desarrollo, cuyas obligaciones de deuda limitan las inversiones en salud, educación e infraestructura. La reducción de la ayuda oficial al desarrollo, que cayó un 23,1% en términos reales durante 2025, según la OCDE, agrava esta situación, ya que los recursos disminuyen cuando las necesidades aumentan.
La crisis climática profundiza estas dificultades. Los años 2015-2025 fueron los más cálidos registrados por la Organización Meteorológica Mundial. Sus impactos amenazan la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud y la infraestructura, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Entretanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que las políticas actuales conducen a un calentamiento cercano a 2,8 °C durante este siglo. La crisis climática no amenaza únicamente los objetivos ambientales, también pone en riesgo los avances económicos y sociales que sostienen toda la Agenda 2030.
Revertir esta trayectoria exige mucho más que renovar declaraciones. Es indispensable fortalecer la cooperación internacional, ampliar el financiamiento para el desarrollo y la adaptación climática, acelerar la transición energética, transformar los sistemas alimentarios y cerrar las brechas de género. Estas prioridades deben traducirse en políticas coherentes, presupuestos suficientes y resultados verificables.
Los gobiernos no pueden asumir esta tarea en solitario. El sector privado, las universidades y la sociedad civil deben contribuir mediante innovación, investigación aplicada y modelos productivos que integren competitividad y sostenibilidad.
La Agenda 2030 sigue siendo una hoja de ruta indispensable, pero el tiempo para cumplirla se acorta. Cada año perdido incrementa los costos económicos, sociales y ambientales de la inacción. El desafío es transformar compromisos en decisiones concretas, porque el desarrollo sostenible no es una aspiración secundaria: es una condición para construir sociedades más prósperas, resilientes y justas.
