Por: Carlos Maillet Aránguiz, Arquitecto; Director Licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio (LIAR)- Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la USS.
La situación de los inmuebles patrimoniales en Santiago plantea una realidad preocupante. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el 79,68% de los inmuebles se encuentran en buen estado, el 18,85% se considera en condición regular, mientras que el 0,66% carece de información y el 0,81% está en mal estado. Estas cifras revelan la necesidad urgente de abordar la situación y tomar medidas para proteger nuestro valioso patrimonio.
Así, dentro de los desafíos significativos está la calidad jurídica de estos inmuebles. De los 1.302 considerados patrimoniales, 1.030 son de propiedad privada, 71 pertenecen al ámbito fiscal, municipal o público, y solo uno combina características públicas y privadas. Además, 256 inmuebles carecen de información sobre su situación jurídica.
El mayor desafío recae, entonces, en los inmuebles de propiedad privada, ya que el Estado no puede destinar recursos financieros a propiedades privadas con fines de lucro. Esto plantea un dilema, puesto que los propietarios pueden carecer de los recursos necesarios para mantener adecuadamente estos inmuebles, que poseen un valor histórico y cultural significativo.
El factor tiempo también es crucial, ya que las reparaciones deben llevarse a cabo gradualmente y los propietarios privados a menudo no muestran interés en la restauración, optando por esperar hasta que la estructura se deteriore antes de construir algo más rentable económicamente. Aquí es donde el Estado tiene una responsabilidad importante y debe proporcionar recursos financieros y establecer mecanismos efectivos para proteger estos inmuebles.
Hasta ahora, la sociedad civil ha liderado muchas iniciativas de preservación, lo que demuestra la necesidad de una mayor participación y apoyo gubernamental. Existen casos interesantes que combinan el ámbito comercial-privado con la conservación patrimonial, como el Mall Espacio M y el proyecto Patios de Copiapó en el Barrio Matta.
Iniciativas que buscan preservar el patrimonio arquitectónico y mejorar el tejido histórico de la zona, al mismo tiempo que incorporan espacios de integración social y fomentan la sustentabilidad.
Sin embargo, se requieren cambios significativos en la legislación y las políticas de protección del patrimonio en Chile. Un proyecto de ley propuesto para abordar esta situación fue rechazado y dilatado debido a controversias.
En los últimos años, ha habido un creciente interés y valoración del patrimonio por parte de la ciudadanía chilena, y la participación de las comunidades, se ha vuelto relevante en la definición de lo que se considera patrimonio. Esto amplía la perspectiva y reconoce que el patrimonio abarca aspectos intangibles, como tradiciones y memorias colectivas.
En conclusión, se requiere la participación del Estado, propietarios privados y sociedad en su conjunto, como a su vez, es necesario establecer políticas de fomento de inversión y mecanismos efectivos de protección, así como promover una mayor conciencia y valoración del patrimonio cultural.
