Por: Diputada Natalia Romero.
En la Región de O’Higgins he sido testigo de cómo la crisis económica ha golpeado a nuestras familias, especialmente a los sectores más vulnerables. Es doloroso ver cómo adultos mayores y personas de escasos recursos se ven agobiados por deudas que, aunque parezcan pequeñas, se acumulan y se convierten en una pesada carga.
En este contexto nuestro deber como legisladores es ofrecer soluciones concretas y justas. Por eso, presenté un proyecto de ley que busca la condonación automática de las deudas de derechos de aseo domiciliario después de tres años, el cual ha avanzado con un importante respaldo transversal en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja.
La realidad es que hoy en día, la ley vigente permite que sean los municipios quienes decidan a quién eximir del pago de estas deudas, basándose en criterios que pueden variar de una comuna a otra. Esta discrecionalidad ha generado una profunda desigualdad entre quienes, a pesar de tener las mismas necesidades, reciben tratamientos diferentes según donde vivan.
¿Es justo que dos vecinos, con la misma situación económica, vean sus deudas condonadas o no, simplemente por el criterio del municipio en que residen? La respuesta es clara: no.
Con este proyecto se busca poner fin a esta discriminación. La propuesta establece que, una vez transcurridos tres años desde el origen de la deuda, la condonación sea automática, sin que los deudores tengan que iniciar trámites engorrosos. Con ello, logramos un doble objetivo: primero, aliviar la carga económica que pesa sobre miles de familias en condiciones de vulnerabilidad; y segundo, dotar de mayor transparencia y justicia al sistema de cobro de derechos municipales.
Nuestro país atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos tiempos, y es fundamental que el Estado esté a la altura de las circunstancias, actuando con sensibilidad y responsabilidad hacia quienes más lo necesitan.
En este sentido, este proyecto no solo es una respuesta lógica a la realidad económica, sino también una acción concreta que entrega dignidad y tranquilidad a nuestros vecinos, especialmente a los adultos mayores, que muchas veces son quienes más sufren ante la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones.
Agradezco profundamente el apoyo que esta iniciativa ha recibido hasta ahora y confío en que será aprobada prontamente en la Cámara de Diputados y que el Senado también la respaldará. No podemos permitir que proyectos tan necesarios para la vida cotidiana de nuestros ciudadanos queden estancados en trámites burocráticos. La justicia social no puede esperar.
