Una mesa técnica convocada por el Instituto Inmobiliario de Chile comenzará a elaborar una propuesta para establecer estándares mínimos en el ejercicio del corretaje de propiedades. La iniciativa surge en un escenario donde la actividad carece de regulación específica, mientras un proyecto para crear un Registro Nacional de Corredores permanece detenido en el Senado desde 2018.
Por Tomás Rodríguez Botto
La compraventa de una vivienda representa una de las decisiones patrimoniales más relevantes para las familias. Sin embargo, en Chile el corretaje inmobiliario continúa desarrollándose sin una regulación específica y sin exigir requisitos mínimos para ejercer la actividad, pese a que participa en operaciones que movilizan miles de millones de dólares cada año.
Con este escenario, el Instituto Inmobiliario de Chile conformó una mesa técnica integrada por representantes del sector, cuyo objetivo será elaborar una propuesta orientada a establecer estándares de formación, certificación y buenas prácticas para los corredores de propiedades. La idea es construir un documento de consenso que pueda servir como base para una futura discusión legislativa.
La iniciativa revive un debate pendiente. El proyecto que busca crear un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, permanece en segundo trámite constitucional en el Senado desde 2018, mientras la actividad continúa sin un marco regulatorio que establezca condiciones para su ejercicio.
Entre las materias que analizará la mesa figuran requisitos de capacitación, certificaciones, actualización profesional, un registro nacional y estándares éticos que permitan fortalecer la transparencia del mercado y entregar mayores garantías a compradores y vendedores.
“La actividad hoy no tiene ningún requisito habilitante. Cualquier persona puede comenzar a intermediar propiedades, aun cuando se trata de operaciones que involucran gran parte del patrimonio de las familias”, señala Jorge Moena, asesor técnico de brokers inmobiliarios que participará en la instancia.
La discusión también incorpora antecedentes sobre la experiencia de los consumidores. De acuerdo con cifras citadas por actores de la industria, el 81% de los reclamos presentados contra corredores de propiedades ante el Sernac no fueron acogidos y, en el 60% de los casos, las empresas involucradas no respondieron al organismo.
Como referencia, la mesa revisará modelos implementados en mercados como Estados Unidos, donde el corretaje exige licencias, formación obligatoria, exámenes estatales y capacitación continua para ejercer, además de sistemas de supervisión y colaboración entre corredores mediante plataformas como el Multiple Listing Service (MLS).
“Chile tiene una enorme oportunidad para profesionalizar aún más el corretaje. No se trata de copiar un modelo extranjero, sino de adaptar herramientas que protegen mejor a compradores y vendedores y permitan construir procesos más transparentes”, afirma Paula Sánchez, Broker Owner de Unique International Properties en Florida.
Las diferencias también se reflejan en la dinámica del mercado. Mientras en Estados Unidos una vivienda permanece cerca de 24 días en venta, en Santiago una propiedad usada puede tardar hasta 180 días en concretar una operación, brecha que especialistas atribuyen, entre otros factores, a la ausencia de procesos estandarizados en la comercialización.
“Esto no busca restringir la actividad, sino proteger al consumidor y elevar la confianza en la industria”, sostiene Sánchez.
Aunque el trabajo de la mesa técnica recién comienza y aún no existe un proyecto de ley definido, sus integrantes esperan que la propuesta permita reactivar una discusión que permanece pendiente desde hace años y avanzar hacia un marco regulatorio que fortalezca la confianza y la profesionalización del corretaje inmobiliario en Chile.
