El informe “Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035” advierte importantes brechas en espacios públicos, veredas e infraestructura penitenciaria en Chile. El documento plantea inversiones por más de US$25 mil millones para mejorar condiciones urbanas y de seguridad ciudadana durante la próxima década.
Por Tomás Rodríguez Botto
El acceso a espacios públicos de calidad, la recuperación de veredas deterioradas y el déficit de infraestructura penitenciaria, aparecen entre los principales desafíos urbanos y de seguridad identificados por el informe “Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El estudio, enfocado en prioridades ciudadanas vinculadas a seguridad, sostiene que Chile enfrenta un rezago significativo en infraestructura urbana básica, situación que impacta directamente en la calidad de vida y en la percepción de inseguridad en distintas ciudades del país.
En materia de espacios públicos, el diagnóstico revela que actualmente las 21 principales ciudades del país registran un promedio de apenas 3,9 metros cuadrados de parques y plazas por habitante, lejos del estándar propuesto para 2035, que apunta a alcanzar al menos 6 metros cuadrados por persona en todos los barrios. Para cerrar esa brecha, el informe estima una inversión de US$15.172 millones en infraestructura de espacios públicos.
Las diferencias territoriales son marcadas. Mientras ciudades como Valdivia alcanzan 14,82 metros cuadrados de espacios públicos con buen estándar por habitante, en Iquique la cifra llega solo a 1,87 metros cuadrados. El Gran Santiago concentra el mayor requerimiento de inversión en parques y plazas, con US$5.926 millones proyectados, seguido por el Gran Valparaíso con US$1.305 millones y Antofagasta con US$556 millones.
Otro de los focos del informe es el estado de las veredas urbanas. Según el IDS, el 40% de las veredas del país se encuentra en condición crítica. La meta planteada para 2035 es recuperar la totalidad de esa infraestructura deteriorada.
Las mayores proporciones de veredas de mala calidad se observan en Arica, donde el indicador alcanza 85,5%, seguido por Iquique-Alto Hospicio con 80,5%, Calama con 78,9% y Antofagasta con 76,1%. En contraste, las menores tasas corresponden a Rancagua-Machalí con 18,6%, Osorno con 19% y Chillán-Chillán Viejo con 19,8%.
El informe calcula que la inversión requerida para abordar el deterioro de veredas asciende a US$3.915 millones a nivel nacional. Solo el Gran Santiago requeriría US$1.649 millones, mientras que el Gran Valparaíso demandaría US$334 millones y La Serena-Coquimbo otros US$241 millones.
La infraestructura penitenciaria también aparece como uno de los principales puntos críticos. El documento advierte que el sistema carcelario opera actualmente con una tasa promedio de ocupación de 146%, equivalente a 62 mil personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas para 42.500 plazas.
Además, gran parte de la infraestructura tradicional presenta una antigüedad promedio de 58 años y un estándar de habitabilidad de apenas 22,3 metros cuadrados por interno.
Frente a este escenario, la propuesta para 2035 contempla crear 47 mil nuevas plazas penitenciarias, reducir la tasa de ocupación al 100%, elevar el estándar de habitabilidad a 37 metros cuadrados por interno y reemplazar 15 mil plazas deterioradas.
Para concretar estas mejoras, el IDS proyecta una inversión de US$6.568 millones en infraestructura penitenciaria. Entre los proyectos priorizados destacan ampliaciones carcelarias en Alto Hospicio-La Serena, Santiago 1, Rancagua, Valparaíso y la Región Metropolitana, además de nuevos recintos en Calama, La Araucanía y Ñuble.
