Tras la publicación del decreto que autoriza expropiar más de 110 hectáreas del cerro Centinela, el Minvu firmó un convenio con Confecoop y las cooperativas del campamento para diseñar un plan maestro que permita urbanizar el sector.
Por Leonardo Núñez
El Gobierno dio un nuevo paso en la estrategia para enfrentar la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio.
Apenas un día después de que el Diario Oficial publicara el decreto exento N° 88 —que autoriza la expropiación de poco más de 110 hectáreas del predio—, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó un convenio de colaboración con la Confederación General de Cooperativas de Chile (Confecoop) y representantes de las 40 cooperativas del asentamiento ilegal, con el fin de avanzar en el diseño del proyecto habitacional que se emplazará en el lugar.
El acuerdo establece la elaboración de un Plan Maestro de macro urbanización, que permitirá dotar de lotes urbanizados, solución sanitaria, equipamiento y servicios a las familias organizadas en cooperativas cerradas de vivienda.
Además, considera incorporar en futuras etapas a familias de la comuna o provincia de San Antonio que no residen en la toma, con el objetivo de consolidar un barrio integrado.
En el anuncio del acuerdo realizado ayer, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que el convenio busca “construir un camino” para resolver una situación humanitaria que involucra a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes.
“Esto no es de izquierda ni de derecha; es una respuesta a un problema nacional. El déficit habitacional es responsabilidad de todos”, señaló, enfatizando que el proceso debe avanzar en paralelo a la expropiación y al diseño técnico del proyecto.
La firma del convenio se concretó pocas horas después de la publicación del decreto, que permitió al Ejecutivo evitar incurrir en desacato frente al fallo judicial que ordenó el desalojo del campamento. En paralelo, el Ministerio del Interior presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el cronograma para implementar el proceso de expropiación y, posteriormente, el desalojo de las hectáreas que no serán adquiridas por el Estado.
Desde las cooperativas, el presidente de la Federación del Cerro Centinela, Mario Reyes, calificó el acuerdo como “un paso gigantesco”, relatando que muchas familias llegaron al predio en 2019 tras “ser invitadas” por representantes de los propietarios. “No somos usurpadores. Hemos trabajado arduamente para conformar las cooperativas y hoy vemos una oportunidad real de lograr la vivienda propia”, afirmó.
Por su parte, el presidente de Confecoop, Horacio Azócar, valoró que el proyecto adopte un enfoque cooperativo, señalando que las familias “no se saltaron la fila” y que el modelo permitirá corresponsabilidad en el financiamiento y construcción del futuro barrio. Destacó además que el proceso había estado invisibilizado durante años y que la confederación aportará asesoría técnica permanente.
El decreto oficial justifica la expropiación argumentando que un desalojo masivo “constituye un problema humanitario” y que trasladar a más de 4.000 hogares a otro lugar generaría costos sociales y económicos de alto impacto para el Estado. También expone que las negociaciones con los propietarios se quebraron por diferencias significativas sobre el precio del terreno, lo que llevó al Gobierno a optar por la expropiación por causa de utilidad pública.
El plan considera intervenir tres lotes pertenecientes a Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., que en conjunto suman más de un millón 100 mil metros cuadrados. Según el documento, el 90% de las familias del campamento está organizada en cooperativas, aunque no todas podrán acceder al proyecto habitacional; la selección dependerá de criterios como la mantención de un plan de ahorro, que asciende a $1.500.000 por familia a diciembre de 2025.
Pese a los avances, persisten dudas entre los dirigentes sobre qué familias quedarán dentro del área expropiada y cuáles deberán ser reubicadas fuera del perímetro. La definición se realizará en las próximas etapas del proceso.
