Vecinos y representantes legales cuestionan la decisión del Minvu de demoler 56 viviendas en Viña del Mar, asegurando que existen antecedentes técnicos que apuntan a reforzar, y no demoler, las estructuras.
Por Leonardo Núñez
Una nueva controversia enfrenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tras la decisión de demoler 56 viviendas en el sector El Olivar, en Viña del Mar. Representantes de vecinos acusan al ministro Iván Poduje, de haber omitido informes técnicos clave que podrían haber cambiado el curso de la medida.
De acuerdo con un correo enviado al Minvu por la entidad Social Arquitectura Limitada, patrocinante de contratos de reconstrucción en la zona, se habrían excluido al menos nueve informes técnicos en el análisis realizado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM), organismo que evaluó las condiciones de las viviendas afectadas por el megaincendio de 2024.
Según los denunciantes, estos antecedentes omitidos contenían diagnósticos que no recomendaban la demolición, sino el reforzamiento estructural de las viviendas mediante soluciones como arriostramientos verticales y sistemas de paneles, con el objetivo de cumplir la normativa sísmica vigente.
“Hay que hacer reforzamientos y están contemplados en los contratos de construcción que las personas firmaron”, afirmó Erika Bravo, abogada de Social Arquitectura, quien cuestionó que no se estén respetando los acuerdos suscritos entre los vecinos y las autoridades.
En la misma línea, el abogado Juan Pavez, representante de un grupo de vecinos afectados, sostuvo que la orden de demolición carecería de sustento técnico y económico. “No existe evidencia que justifique esta decisión”, señaló, agregando que corresponde a los órganos administrativos evaluar la legalidad de la medida.
La polémica se intensificó luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera a trámite nueve recursos de protección presentados por vecinos y actores vinculados al proyecto. El tribunal otorgó un plazo de ocho días al ministro Poduje para entregar los antecedentes que respalden la decisión de demoler las viviendas.
La acción judicial busca suspender la medida, argumentando que los informes técnicos elaborados por la División Técnica del Minvu y el propio IDIEM no concluyen de manera categórica la necesidad de demolición, sino que plantean alternativas de reforzamiento en construcciones que, en algunos casos, superan el 90% de avance.
Entre los afectados, el descontento es evidente. “Mi casa tiene más del 95% de avance y estaba programada para entregarse en junio”, señaló a Radio Bío-Bío Marjorie Fernández, vecina damnificada, reflejando la incertidumbre que enfrenta el grupo de beneficiarios del proceso de reconstrucción.
La decisión del Minvu se enmarca en el plan de reconstrucción tras los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso, uno de los desastres más graves de los últimos años en materia habitacional. Sin embargo, el caso de El Olivar ha abierto un debate sobre los criterios técnicos, la transparencia en la toma de decisiones y la eficiencia del proceso de reconstrucción.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Vivienda no había emitido una respuesta oficial a las acusaciones, mientras el caso continúa en desarrollo en los tribunales.
