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5 agosto, 2026 /

Data Center Alto Jahuel queda exento de evaluación ambiental, cuando Chile suma 37 centros y la ONU advierte por agua y energía al 2030

DC Terranova SPA, ligada a familias Fleischmann y Yurasczeck, logró el primer pronunciamiento del SEA. Mientras el país se consolida como polo digital, organismos internacionales piden regular el impacto de la IA.
Chile avanza a paso acelerado para consolidarse como polo digital en América Latina. El país cuenta hoy con 37 centros de datos operativos y cerca de 15 proyectos adicionales en desarrollo, pero ese crecimiento choca con un debate global sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial.
El 24 de julio el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, emitió su primer pronunciamiento que exime a un data center de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA. El proyecto beneficiado es Data Center Alto Jahuel, presentado por DC Terranova SPA y ubicado en la comuna de Buin, a pocos kilómetros de la Viña Santa Rita, según reveló una investigación del newsletter RobotLabot, LaBot, publicada por El Desconcierto el pasado 3 de agosto de 2026.
El caso abre un precedente regulatorio, puesto que el reglamento actual del SEIA no contempla una tipología específica para data centers. Es más, tras los últimos cambios se elevó de 80 mil litros a 1.000 toneladas el umbral de combustible que obliga a ingresar a evaluación. Además, se eliminó la exigencia para líneas de transmisión menores a 2 kilómetros.
Con esos parámetros, Data Center Alto Jahuel quedó justo bajo el límite, por lo que proyecta almacenar 990 toneladas de diésel y conectarse a la subestación Maipo, ubicada a 250 metros. La inversión anunciada es de US$25 millones y la consulta de pertinencia ingresó el 5 de mayo.
Detrás del proyecto aparecen nombres del mundo empresarial y de la construcción. Según LaBot, los representantes legales de DC Terranova SPA son Felipe Fleischmann Ruiz, de la familia que hasta 2025 controlaba Fleischmann S.A., constructora vendida a la española ACS; y Álvaro Pipino, gerente general de Inversiones Santa Cecilia, matriz de negocios de José Yurasczeck, empero ninguno respondió consultas del blog sobre el rol de ambas empresas en el proyecto.
El terreno está calificado como Área de Interés Agropecuario Exclusivo. El Servicio Agrícola y Ganadero rechazó el permiso en primera instancia y lo autorizó tras un recurso jerárquico. La Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en tanto, emitió informe favorable al considerarlo infraestructura energética de telecomunicaciones permitida en zona rural.
Alto Jahuel no es un caso aislado. LaBot identifica otros dos proyectos en la misma zona, como Solutions 2, de Ensolutions y vinculada a la brasileña OData, que consumirá 450 MW; Data Center Alto Jahuel Sur, de GR Huiña SPA ligada a la española Grenergy, que proyecta US$20 millones de inversión. Grenergy, además, planea data centers en Polpaico y Antofagasta que sumarían 1.000 MW, cifra cercana a la capacidad instalada total de la industria en América Latina, de acuerdo a datos de InvestChile.
Tras el pronunciamiento del SEA se ingresaron dos consultas más: Data Center Cerrillos de Google, con US$200 millones y sin uso de agua para enfriamiento; y Data Center La Pólvora, de la estadounidense DCI Partners, en Valparaíso, con US$25 millones.
El boom local contrasta con la tendencia internacional, dado que a nivel global los investigadores de Naciones Unidas calcularon que para 2030 la industria de data center duplicará su consumo de agua y energía, advirtiendo que «si los gobiernos no se hacen cargo, el impacto en los recursos naturales será enorme».
Por eso, lejos de relajar la norma, organismos internacionales piden más control. Nueva York decretó en julio una moratoria de un año a grandes data centers. Australia anunció un marco que obliga a compensar consumo energético y limitar uso de agua. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesiona en Washington, justamente sobre los impactos de la expansión de data centers en la región, incluyendo el caso chileno.
Con 37 centros operativos y una quincena más en carpeta, Chile se juega en los próximos meses cómo regulará a una industria que promete conectividad, pero que también presiona por agua, energía y suelo.

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