
En el segundo Congreso Nacional de Infraestructura, representantes del Gobierno, el sector financiero y organismos vinculados a la planificación de obras públicas plantearon medidas para agilizar proyectos, mejorar la ejecución presupuestaria y fortalecer la planificación de largo plazo.
Por: Tomás Rodríguez Botto
La inversión en infraestructura pública, la ejecución de los recursos fiscales y las condiciones para desarrollar nuevos proyectos fueron algunos de los principales temas abordados en el segundo Congreso Nacional de Infraestructura, realizado ayer por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
La jornada reunió a autoridades de Gobierno, representantes del sector financiero y ejecutivos vinculados al desarrollo de infraestructura, en una instancia organizada por los comités de Obras de Infraestructura Pública, Concesiones y Contratistas Generales del gremio.
Durante la apertura, el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret, se refirió a las proyecciones del informe Macroeconomía y Construcción (MACh 70), que estima un crecimiento de 5,8% en la inversión en construcción para 2027. Aunque reconoció que la cifra puede parecer optimista, sostuvo que su cumplimiento depende de avanzar en modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), fortalecer la colaboración público-privada, asegurar la ejecución del presupuesto público y poner en marcha las concesiones adjudicadas, que involucran cerca de US$10.000 millones.
El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis De Grange, abordó los desafíos de su cartera y señaló que una de las metas es alcanzar el 100% de ejecución presupuestaria.
La autoridad sostuvo que el objetivo no consiste únicamente en disponer de mayores recursos, sino también en asegurar que estos se traduzcan en infraestructura y actividad económica. «El desafío no es solo tener más presupuesto, sino convertir cada peso en infraestructura útil, empleo y productividad», afirmó.
De Grange destacó el impacto de la ejecución de obras públicas en la conectividad y en el acceso a servicios. En ese sentido, indicó que estos proyectos permiten mejorar los desplazamientos hacia establecimientos educacionales y centros de salud, además de generar empleo y oportunidades de desarrollo en las distintas regiones.
Por su parte, Gastón Astesiano, jefe de la ventanilla única de Asociaciones Público-Privadas (APP) de la Vicepresidencia de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuso sobre la evolución de este modelo en América Latina y el Caribe
En su presentación señaló que, aunque la inversión mediante asociaciones público-privadas ha aumentado y diversificado su alcance en la región, la preparación de los proyectos continúa siendo un ámbito en el que existen oportunidades de mejora.
En el caso chileno, Astesiano cifró en más de US$36.000 millones la inversión acumulada a través del sistema de concesiones entre 1993 y 2026.
Entre las características del modelo destacó la existencia de un panel técnico para resolver controversias, la evolución de los mecanismos de asignación de riesgos, la participación de empresas internacionales en las licitaciones y su aplicación en distintos sectores de infraestructura.
La actividad continuó con dos paneles de discusión. El primero, denominado «Condiciones para agilizar la inversión: financiamiento, permisología y otros», reunió al subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; al director del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías; al gerente de Banca Inmobiliaria y Concesiones de BancoEstado, Gonzalo Lorca, y al gerente de Inversiones de Confuturo, Jorge Espinoza.
El segundo panel estuvo dedicado a la gobernanza de la infraestructura y contó con la participación del director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura Pública, Carlos Cruz; el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, y el gerente general de Desarrollo País, Rodrigo Peón-Veiga.
En esta instancia se abordó la necesidad de establecer mecanismos de planificación que permitan dar continuidad a los proyectos de infraestructura más allá de los períodos de gobierno.
Al cierre de ambas conversaciones, los participantes plantearon compromisos desde sus respectivas instituciones. Desde el Ministerio de Obras Públicas se propuso trabajar para que, hacia el término del actual gobierno, Chile cuente con un sistema de planificación de largo plazo. También se planteó ampliar y diversificar la cartera de concesiones, reducir el tamaño de los proyectos para facilitar la participación de empresas locales e impulsar un mecanismo de resolución de controversias para las obras públicas ejecutadas directamente por el Estado.
En materia de financiamiento, los representantes del sector financiero comprometieron avanzar en alternativas para proyectos de infraestructura de menor escala y destinar recursos a iniciativas regionales.
A su vez, el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías, comprometió una reducción de 30% en los tiempos de tramitación de permisos.