La moción busca apurar la construcción de viviendas minimizando los procedimientos administrativos y responsabilizando a las autoridades competentes por demoras injustificadas en la tramitación de permisos.
Por: Renato Herrera Lagos
Siguiendo con la votación en particular tras respaldar la idea de legislar, fue el acuerdo de los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en su última sesión, tras revisar las ideas matrices del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento.
En la ocasión, se revisa además la moción en segundo trámite que cuenta con suma urgencia, esto, ya que los legisladores aprobaron el texto por unanimidad, tras escuchar a representantes de la corporación Déficit Cero, quienes entregaron un diagnóstico de ls cifras del déficit habitacional y varias recomendaciones a la propuesta que ha sido patrocinada por el Ejecutivo.
“La demanda social por una vivienda de interés público crece cada día en el marco del fenómeno del déficit habitacional. La demanda ha crecido pero la oferta hoy no es capaz de responder a ella porque se mantiene tal cual. Creemos que este proyecto ayuda a apurar la producción de vivienda ojalá llegando a 100 mil unidades por año. Se concentra en impulsar la oferta disminuyendo los tiempos que permiten materializar las obras”, explicaron en la ocasión.
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La organización detalló las indicaciones que recomiendan incorporar en la iniciativa, tales como definir de mejor forma la responsabilidad del director de obras municipales y del revisor independiente; estudiar el principio de proporcionalidad de la revisión de trámites; y la necesidad de dar certeza jurídica a los actos de impugnación de los permisos de edificación.
Consultados por las cifras del déficit de viviendas, Déficit Cero aseguró que “son 650 mil familias que están en campamentos, asentamientos, en situación de calle o viven hacinados. Pero existen 2,2 millones de familias que demandan viviendas de interés público, muchas de las cuales arriendan a altos precios, de hecho, destinan más del 30% de su sueldo a este ítem. Si ellos tienen una emergencia económica, pasan a engrosar esas 650 mil familias porque ya no son capaces de pagar el arriendo”.
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La iniciativa busca acelerar la entrega de las viviendas. En primer lugar, simplificando los procedimientos administrativos para reducir los plazos de construcción de los proyectos inmobiliarios. Así se considerará al iniciar el trámite respectivo, el anteproyecto de construcción, el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación.
En segundo lugar, se responsabiliza a las Direcciones de Obras Municipales, los Servicios de Vivienda y Urbanismo, las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Transporte y Telecomunicaciones, y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios.
