
Por: Marcelo Hernández, director de Edifito y Actualizatureglamento.cl
Un domingo por la tarde, en un edificio cualquiera de Santiago, una familia decide celebrar un cumpleaños infantil. Música, risas y niños corriendo por los pasillos comunes. En el departamento contiguo, una adulta mayor intenta descansar. A las pocas horas, el grupo de WhatsApp de la comunidad estalla: reclamos cruzados, descalificaciones y llamados a “hacer cumplir las reglas”. Nadie parece recordar qué dice el reglamento, ni quién debe intervenir.
Días después, el conflicto cambia de forma, pero no de fondo. Esta vez es el uso de la piscina: horarios discutidos, aforos ignorados y acusaciones de “apropiación” del espacio común. El administrador vuelve a quedar en el centro de la tensión, intentando mediar entre posturas irreconciliables, en una comunidad que paradójicamente, comparte techo, muros y responsabilidades.
Escenas como estas no son excepcionales. A medida que los condominios —edificios y conjuntos de casas— aumentan en número de unidades y, por ende, en diversidad de residentes, también crecen los conflictos asociados a la convivencia. Ruidos y olores molestos, uso de estacionamientos, arriendos temporales y, en determinadas épocas del año, el uso de áreas comunes como la piscina, se transforman en los principales focos de fricción.
En este contexto, el administrador suele ser la primera persona llamada a intervenir. No como juez ni sancionador inmediato, sino como una figura de mediación, cuyo principal objetivo debiera ser siempre la armonía de la comunidad en beneficio de todos. Sin embargo, esa tarea se vuelve cuesta arriba cuando no existe un marco claro, conocido y legitimado por quienes habitan el condominio.
Por eso, para prevenir conflictos —más que para castigarlos— resulta indispensable que los residentes conozcan y respeten el reglamento de copropiedad que los rige. Pero no cualquier reglamento: uno que interprete, a través de normas claras, los acuerdos y expectativas reales de sus copropietarios, además de que esté debidamente actualizado según las características específicas del condominio.
Las comunidades no son homogéneas, conviven en ellas distintas edades, costumbres, rutinas laborales y gustos personales —como la música o los horarios de descanso—. Esa diversidad obliga a aprender a vivir en comunidad, entendiendo que los derechos propios terminan donde comienzan los del otro. Y ese aprendizaje, parte necesariamente, por conocer y respetar el reglamento de copropiedad.
Cuando el reglamento se percibe solo como un instrumento punitivo, pierde su valor esencial: ser un acuerdo colectivo para una convivencia sana. En cambio, cuando es claro, participativo y actualizado, se transforma en una herramienta preventiva, que ordena la vida comunitaria y reduce significativamente los conflictos antes de que escalen.
Vivir en comunidad no es solo compartir espacios, es asumir responsabilidades comunes, respetar acuerdos y comprender que la buena convivencia no depende únicamente de la buena voluntad, sino también de reglas claras, conocidas y legitimadas por todos.