Sin embargo, la velocidad a la que crece la población urbana no tiene precedentes en la historia humana. En Santiago, por ejemplo, durante los últimos cinco años han llegado, en promedio 180 mil personas nuevas cada año. Esta cifra equivale a la población completa de comunas como La Reina, Macul o Quinta Normal.
A esta tendencia demográfica se suma un cambio significativo en la composición de los hogares. En 1990, un hogar promedio en Chile estaba compuesto por 4 personas; hoy, este número se ha reducido a solo 2.
Esta combinación de un crecimiento demográfico sostenido y la reducción de la composición del hogar ha disparado la demanda por viviendas, poniendo aún más presión sobre un sistema que ya enfrenta múltiples restricciones como lo es la “permisología” o el acceso al crédito.
Paralelamente, en los últimos diez años, el 70% de las 22 comunas pericentrales de Santiago ha reducido sus condiciones de densificación, limitando la disponibilidad de suelo para la construcción.
Este fenómeno ha llevado a una oferta de viviendas cada vez más restringida, lo que ha generado un incremento sostenido en los precios. Si esta tendencia continúa, el acceso a la vivienda será cada vez más difícil para los sectores medios de la población. Actualmente, el 65% de los chilenos son propietarios de una vivienda, pero este porcentaje disminuye año tras año.
Si no se toman medidas urgentes basadas en datos concretos, veremos cómo más ciudadanos se ven obligados a optar por el arriendo, alejándose de la posibilidad de acceder a la propiedad, la cual representa un importante activo de ahorro.
La planificación urbana debe ser una tarea fundamentada en evidencia y proyecciones a largo plazo, no en decisiones coyunturales o sujetas a los intereses de los políticos comunales de turno. Es crucial adoptar un enfoque de ciudad macro, riguroso y basado en datos para enfrentar los desafíos habitacionales que nos esperan y garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
Como medida inmediata, el Plan Regulador Metropolitano debería asegurar la densificación en áreas donde el Estado invierte en transporte eficiente, como el metro. Asimismo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones debería actualizar la composición de viviendas establecida en el Artículo 2.1.22, reduciendo el coeficiente actual de 4 habitantes por vivienda a 2 habitantes por vivienda.
