Por: Marcelo Hernández, director de Actualizatureglamento.cl
El cumplimiento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N°21.442 sigue siendo un desafío complejo para miles de comunidades en Chile. A pesar de los avances legales, las asambleas -instrumento fundamental para el funcionamiento democrático de edificios y condominios- muchas veces no logran el impacto ni la efectividad esperadas.
El desconocimiento del reglamento de la comunidad, la escasa asistencia y las dificultades para reunir quórum, son síntomas de un problema más profundo: la desconexión entre los copropietarios y su rol en la vida comunitaria. La ley exige al menos una asamblea ordinaria al año para rendir cuentas y aprobar presupuestos. Pero más allá del mínimo legal, se necesita promover espacios de diálogo más frecuentes, especialmente en comunidades con alta rotación de residentes o con proyectos relevantes.
La asistencia no es solo una buena práctica: es una responsabilidad legal. Todo propietario debe participar o, en su defecto, estar representado. Incluso los arrendatarios pueden ejercer esa representación si no existe prohibición expresa del propietario . Algunas comunidades han establecido multas por inasistencia injustificada, lo que subraya la importancia de involucrarse en la toma de decisiones que afectan el presupuesto y el bienestar colectivo.
Uno de los grandes nudos prácticos sigue siendo el quórum. La ley distingue tres tipos de asambleas, cada una con su exigencia: ordinarias (33%), extraordinarias de mayoría absoluta (50% +1) y reforzadas (66%). Si no se cumplen, simplemente no se puede sesionar. Frente a ello, las consultas por escrito, siguiendo las indicaciones que dicta la Ley 21.442, son una herramienta muy potente para lograr los quorums: permiten votar sin estar presente facilitando la participación, sobre todo en comunidades donde muchos propietarios no residen.
Pero la clave no es solo normativa. El problema de fondo es la apatía. Muchos copropietarios no participan porque creen que su opinión no tiene peso, o porque no ven cómo sus decisiones impactan directamente en su calidad de vida. Para revertir esto, debemos profesionalizar la comunicación, convocar con claridad y generar sentido de pertenencia.
En este escenario, las herramientas digitales han demostrado ser aliadas estratégicas. Plataformas especializadas permiten gestionar convocatorias, votar y hacer seguimiento de acuerdos, promoviendo una administración más transparente, ágil y participativa. En definitiva, el futuro de la copropiedad no depende solo de leyes o reglamentos, sino de cómo comunicamos y decidimos en comunidad.
