El reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social establece nuevas obligaciones para los beneficiarios de programas estatales, entre ellas la residencia efectiva en el inmueble durante los primeros cinco años y la devolución de recursos en caso de incumplimiento.
Por Tomás Rodríguez Botto
El Gobierno peruano abrió una nueva etapa en la regulación de las viviendas de interés social con la publicación de un proyecto de reglamento que busca establecer mayores controles sobre los inmuebles adquiridos a través de programas de apoyo estatal.
La propuesta incorpora un conjunto de disposiciones orientadas a definir el uso que tendrán estas propiedades después de su entrega a los beneficiarios. Entre ellas, se establece que quienes reciban este tipo de ayuda deberán mantener la vivienda como su residencia principal durante los primeros cinco años.
Con esta medida, la normativa busca limitar que unidades financiadas con recursos públicos sean incorporadas al mercado de arriendo durante ese periodo o utilizadas con fines distintos al habitacional.
El documento también fija consecuencias para quienes no cumplan las condiciones asociadas al beneficio. Entre las medidas consideradas se encuentra la restricción para participar en nuevos programas estatales y la eventual restitución de los montos entregados por concepto de subsidio, incluyendo los intereses correspondientes.
La iniciativa se enmarca en un proceso de actualización de las reglas que regulan la vivienda social en Perú, incorporando nuevas herramientas para identificar proyectos, beneficiarios y condiciones de acceso a los programas habitacionales.
Dentro de los cambios planteados figura la implementación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), plataforma que permitirá reunir información de los proyectos que formen parte de los programas de Vivienda de Interés Social.
El reglamento también propone criterios técnicos para estas unidades. Como referencia, establece que las viviendas deberán considerar una superficie inicial de 35 metros cuadrados, aunque contempla la posibilidad de proyectos de menor tamaño —desde 25 metros cuadrados— siempre que cumplan con los estándares de habitabilidad y seguridad exigidos.
La propuesta permanecerá abierta a observaciones durante el periodo de consulta pública antes de avanzar hacia su aprobación definitiva.
