Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario, Ingeniero Comercial, Magister en Administración de Empresas de IEDE y Master de Administración de Empresas en la Universidad de LLeida.
El sector inmobiliario chileno acaba de sumar un actor que promete cambiar la forma en que se relacionan el derecho, la inversión y los negocios en esta industria: la Asociación Chilena de Derecho Inmobiliario (Achdi), una organización que nace con un foco claro: transformarse en el principal punto de encuentro entre quienes piensan, financian y ejecutan proyectos inmobiliarios en el país.
Durante años, la industria inmobiliaria chilena ha carecido de un espacio donde convivan las diversas miradas que conforman el ecosistema, como la jurídica, la financiera y la del desarrollo propiamente tal. Esto, ya que cada actor ha resuelto sus desafíos regulatorios por su cuenta, sin un cruce de información y opiniones para compartir diagnósticos o buscar soluciones para desafíos comunes.
¿Qué es lo actractivo de esta apuesta? A diferencia de las asociaciones tradicionales del rubro -centradas principalmente en la construcción y en las empresas constructoras-, esta organización apunta a una comunidad más amplia y transversal. Se trata de sentar en la misma mesa a abogados, desarrolladores, inversionistas, corredores, administradores, financistas y a todos los participantes que hacen posible que un proyecto inmobiliario exista, desde su concepción hasta su materialización.
Esa mirada integral es, sin lugar a dudas, uno de los grandes valores de la propuesta. Pensar el negocio inmobiliario como un circuito completo, con actores interconectados entre sí, y no como islas independientes, podría alinear criterios entre quienes hoy interpretan la normativa de manera distinta, facilitar el traspaso de información entre protagonistas que antes no dialogaban de forma expedita, para avanzar hacia una actividad más profesionalizada. Especialmente, en un sector donde la certeza jurídica y la eficiencia en los procesos son determinantes para la viabilidad de los proyectos.
Con esta estructura forjada, viene lo principal: el poder tener una voz unificada para con las autoridades. Chile arrastra desde hace tiempo un problema conocido por todos los que participan en el desarrollo inmobiliario: la permisología. Los tiempos de tramitación, la falta de coordinación entre organismos públicos y la incertidumbre regulatoria han encarecido y ralentizado proyectos de todo tipo, por lo que esta organización –si se configura como tal- puede ser una bocanada de aire fresco para la industria, para destrabar algunos puntos de dolor.
No obstante, nada es una garantía de resultados. Para la Achdi el desafío real recién comienza. La pregunta de fondo es si la organización logrará consolidarse como un actor con verdadera capacidad de incidencia, o si terminará sumándose a la larga lista de iniciativas gremiales que nacen con buenas intenciones pero que, con el tiempo, pierden protagonismo y relevancia.
Su éxito no dependerá de cuántos socios logre sumar en su etapa inicial, sino de cuánta presencia efectiva consiga tener en las esferas donde realmente se toman las decisiones que afectan al sector. Si esto se logra, el ecosistema inmobiliario chileno podría avanzar hacia mejores prácticas, mayor claridad regulatoria y una industria más eficiente y transparente.
Solo el tiempo dirá si logra instalarse como un interlocutor válido o si, como ha ocurrido con otras iniciativas, queda solo como una intención bien articulada, pero sin fuerza real.
