Por: Marcelo Hernández, director de Actualizatureglamento.cl
Mientras gran parte de la discusión sobre la vida en comunidad se concentra en temas como la seguridad, los gastos comunes, o la convivencia entre vecinos, existe un asunto menos visible pero igualmente relevante, que hoy afecta a miles de condominios en Chile: la falta de actualización de sus reglamentos de copropiedad conforme a la Ley N° 21.442.
El pasado 9 de enero de 2026 venció el plazo establecido por la normativa para que las comunidades adecuaran sus reglamentos a la nueva legislación. Sin embargo, una cantidad importante de edificios y condominios aún no ha completado este proceso. Lo preocupante es que muchos comités de administración y residentes desconocen las consecuencias prácticas que esto puede generar.
La copropiedad moderna enfrenta desafíos muy distintos a los de hace una o dos décadas. Los arriendos temporales mediante plataformas digitales, la tenencia responsable de mascotas, el uso de espacios comunes, la electromovilidad, o la convivencia entre distintos estilos de vida, son situaciones que requieren reglas claras y actualizadas. La nueva ley no necesariamente prohíbe estas prácticas, pero sí permite que las comunidades las regulen mediante sus reglamentos de copropiedad, entregando certezas a todos quienes viven en ellas.
El problema surge cuando las comunidades intentan administrar estas situaciones utilizando reglamentos internos o normas que no cumplen con las exigencias actuales de la ley. La Ley 21.442 establece que las infracciones, sanciones y multas deben encontrarse expresamente contempladas en un reglamento de copropiedad vigente e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. En otras palabras, muchas comunidades podrían estar aplicando sanciones que eventualmente podrían ser cuestionadas o incluso declaradas improcedentes.
Esto no es un asunto meramente administrativo. Detrás de un reglamento desactualizado pueden existir conflictos vecinales, reclamaciones judiciales, devoluciones de multas y una creciente sensación de arbitrariedad que termina deteriorando la convivencia. Cuando las reglas no son claras o carecen del respaldo legal correspondiente, la gestión comunitaria pierde legitimidad y los problemas cotidianos se vuelven más difíciles de resolver.
Consciente de esta realidad, la Secretaría Ejecutiva de Condominios emitió la Circular ORD N° 040, que aclara el escenario de aquellas comunidades que aún no han cumplido con la actualización. La interpretación distingue entre condominios que nunca tuvieron reglamentos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y aquellos que fueron creados bajo la antigua Ley 19.537 y que mantienen reglamentos vigentes, pero pendientes de adecuación.
Sin embargo, estas aclaraciones no deben interpretarse como una invitación a postergar indefinidamente el proceso. Más bien constituyen una guía transitoria para evitar vacíos normativos, mientras las comunidades avanzan hacia el cumplimiento definitivo de la ley.
Los comités de administración tienen hoy una responsabilidad fundamental. No se trata únicamente de cumplir una obligación legal, sino de fortalecer las bases de la convivencia y entregar mayor seguridad jurídica a propietarios, arrendatarios y administradores. Actualizar un reglamento es, en definitiva, actualizar las reglas de convivencia de una comunidad que evoluciona constantemente.
La experiencia demuestra que los conflictos en los condominios rara vez surgen por falta de voluntad entre los vecinos. Con frecuencia aparecen porque las normas son ambiguas, están desactualizadas, o simplemente ya no responden a la realidad actual. Por eso, la actualización de los reglamentos de copropiedad no debiera verse como un trámite, sino más bien, como una inversión en gobernanza, transparencia y buena convivencia. La nueva ley ya está vigente. Ahora el desafío es que las comunidades también lo estén.
