Estudio advierte que la medida impulsada por el Gobierno podría impactar el financiamiento municipal y el Fondo Común Municipal, en medio de un plan de reconstrucción que busca equilibrar el gasto fiscal y reactivar la economía.
Por Leonardo Núñez
La propuesta del Gobierno para eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores podría tener un impacto significativo en las finanzas municipales.
De acuerdo con un estudio de la proptech Propiteq y la consultora Transsa, la medida podría reducir hasta en $33.020 millones la recaudación habitacional, equivalente a cerca del 45% de los ingresos asociados a este segmento.
La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Reconstrucción anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que contempla más de 40 medidas orientadas a enfrentar los efectos de los incendios forestales en Ñuble y Biobío, junto con reactivar la economía y ordenar las cuentas fiscales. Entre ellas, se incluye la eliminación progresiva de contribuciones a la primera vivienda, comenzando por los adultos mayores.
“Nosotros nos comprometimos a que la primera vivienda iba a dejar de pagar contribuciones”, afirmó el Mandatario, argumentando que la medida busca aliviar la carga económica de personas mayores que ya han cumplido con sus obligaciones tributarias a lo largo de su vida.
El análisis señala que actualmente en Chile existen cerca de seis millones de viviendas, de las cuales más del 77% no paga contribuciones. La recaudación se concentra en aproximadamente 1,38 millones de propiedades, generando alrededor de $245 mil millones anuales, de los cuales cerca del 30% corresponde a viviendas de adultos mayores.
En términos territoriales, las propiedades pertenecientes a este grupo se concentran principalmente en comunas urbanas consolidadas como Las Condes, Viña del Mar, Ñuñoa, Providencia y La Florida, donde los propietarios han mantenido sus viviendas por décadas. “Este no es solo un debate técnico. Tiene un componente social importante”, explicó Esteban Jara, subgerente de Datos y Estudios Inmobiliarios de Transsa y Propiteq.
Sin embargo, el estudio advierte que la disminución en la recaudación afectaría directamente al Fondo Común Municipal, mecanismo clave para redistribuir recursos entre comunas. Esto podría impactar con mayor fuerza a municipios con menor capacidad de generación de ingresos propios, profundizando las brechas territoriales.
“El impacto del proyecto no es solo local. Al reducirse el Fondo Común Municipal, se afecta el financiamiento del sistema municipal completo”, sostuvo Felipe Respaldiza, CEO de Propiteq, enfatizando que el efecto se extendería más allá de las comunas con mayor base tributaria.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la iniciativa señalando que “el adulto mayor ha gastado, ganado, pagó impuesto, cumplió; que viva tranquilo en su casa sin que llegue el recaudador”, reforzando el enfoque social de la medida.
No obstante, el debate se intensifica ante la posibilidad de ampliar el beneficio a toda la población. Según el mismo estudio, en un escenario de universalización, la recaudación habitacional podría caer hasta en un 57%, con pérdidas que superarían los $106 mil millones, afectando estructuralmente el financiamiento municipal.
Otro elemento relevante es que más del 50% de la recaudación que se perdería proviene de viviendas de valor medio, con contribuciones inferiores a $300 mil trimestrales, lo que cuestiona la percepción de que este impuesto afecta principalmente a sectores de alto patrimonio.
En paralelo, el Plan Nacional de Reconstrucción considera la asignación de $400 mil millones adicionales para viviendas, junto con medidas como la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas y la agilización de permisos de inversión. En este contexto, la eliminación de contribuciones aparece como una medida de alto impacto social, pero también, como uno de los principales focos de tensión fiscal en el diseño de la política habitacional de los próximos años.
