Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios.
Las “Baby Box”, también conocidas como casas plegables prefabricadas, han ganado popularidad en diversos países como una alternativa rápida, relativamente económica y sustentable para enfrentar el déficit habitacional. Estas estructuras, que pueden transportarse fácilmente y desplegarse en pocas horas, ofrecen soluciones temporales o semi-permanentes, para situaciones de emergencia, vivienda social, o incluso, como módulos turísticos o de trabajo remoto.
Pero, ¿es posible implementarlas adecuadamente en Chile?, ¿qué ventajas y desafíos presentan bajo la legislación nacional? Uno de los principales beneficios de las casas Baby Box es su rapidez de instalación. Gracias a su diseño modular y liviano, pueden desplegarse en pocas horas sin necesidad de maquinaria pesada, lo que las convierte en una excelente solución para situaciones de emergencia como desastres naturales, zonas de difícil acceso o campamentos temporales.
Además, su costo es considerablemente menor que el de una vivienda tradicional, lo que permite ampliar la cobertura habitacional a un menor precio. La eficiencia energética y el bajo impacto ambiental de muchos modelos —que incorporan paneles solares, materiales reciclables y aislación térmica eficiente— suman puntos a favor en un contexto de creciente conciencia ecológica.
También destacan por su versatilidad: pueden configurarse en distintas formas y tamaños, adaptándose a diferentes usos y necesidades. Esto las hace atractivas no solo para programas estatales de emergencia habitacional, sino también para proyectos turísticos en zonas rurales o como viviendas modulares en proyectos urbanos de alta densidad.
Sin embargo, las Baby Box también presentan limitaciones. Al ser soluciones prefabricadas y, en muchos casos, de carácter temporal, suelen tener una vida útil más corta que una construcción tradicional. Además, su desempeño térmico y acústico puede ser insuficiente en ciertas zonas del país, especialmente en regiones con climas extremos.
Otro desafío relevante es su aceptación social y cultural. Muchas personas aún asocian estas viviendas con precariedad o falta de estabilidad, lo que puede dificultar su masificación en el mercado habitacional tradicional.
La implementación de las Baby Box en Chile requiere abordar aspectos regulatorios importantes. En primer lugar, el uso del suelo y la edificación están regulados por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza General (OGUC). Si bien estas normativas no prohíben expresamente las viviendas prefabricadas, establecen requisitos técnicos que deben cumplirse, como condiciones de habitabilidad, resistencia estructural, seguridad contra incendios y eficiencia energética.
Asimismo, los proyectos deben obtener los respectivos permisos de edificación, lo que implica una evaluación por parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM). Esto puede ser un obstáculo para soluciones temporales o de rápida instalación, aunque existen mecanismos legales como la declaración de obras menores o provisorias, que podrían facilitar la incorporación de Baby Box en ciertos contextos, especialmente en zonas rurales o en situaciones de emergencia.
Para terminar, cabe señalar que las Baby Box representan una alternativa innovadora frente al déficit habitacional y los desafíos del cambio climático, por lo que su implementación en Chile es factible, pero requiere adaptaciones normativas, acompañamiento técnico y una adecuada planificación territorial. De abordarse con una mirada estratégica e inclusiva, podrían integrarse al abanico de soluciones habitacionales, especialmente en contextos de emergencia, zonas aisladas o como parte de proyectos sociales con enfoque modular y sustentable.
